En la frontera chilena-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: el intercambio de vehículos robados por droga. Así lo reseña un reportaje de Connectas.
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El modo de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, generalmente una camioneta todoterreno, lo cruza ese mismo día hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia la camioneta por algunos kilos de droga. Una Toyoya Hilux del año cuesta unos 2 kilos de cocaína, según información vertida por los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
Una de las bandas desarticuladas en Chile en años recientes era dirigida desde la prisión Colina, la más grande de Chile, por Osvaldo Calderón, quien llevaba más de una década como recluso. Según el testimonio de uno de sus cómplices, Calderón planificaba hacia futuro: estaba reuniendo 40 mil dólares para sobornar a un guardia de la prisión, para conseguir el beneficio de salida dominical, tras lo cual huiría a Bolivia; según consta en el expediente judicial del caso.
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La banda estaba integrada por ladrones de autos, mecánicos y falsificadores. Un total de 23 personas repartidas en distintas ciudades chilenas, a lo largo de 1.700 kilómetros. 19 de ellos son de nacionalidad chilena y cuatro son bolivianos.
En tanto en Bolivia, por el impacto social del fenómeno, acabar con el problema es un terreno de arenas movedizas para los políticos.
En 2011 el gobierno del ahora expresidente Evo Morales realizó un «perdonazo» que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile.
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En este país, precisamente, el problema de la frontera también está generando promesas políticas. La última de ellas es vista con recelo por expertos y agrupaciones vinculadas a derechos humanos: el gobierno de Sebastián Piñera involucró al Ejército en la persecución del narcotráfico y el contrabando en la frontera. El mismo Ejército que se ha visto sumido en casos de corrupción durante los últimos años y que está en uno de sus peores niveles de aprobación ciudadana después de las protestas en Chile. El plan se echó a andar hace pocos meses.
