La Administración de Donald Trump no ha cesado sus presiones contra el régimen de Venezuela. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC impuso sanciones contra los encargados del Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela por incurrir en extorsión hacia los ciudadanos del país sudamericano. Juan Carlos Dugarte, fue director desde 2016, y fue reemplazado por Gustavo Antonio Vizcaíno Gil en 2018. Ambos se suman a la extensa lista de los chavistas sancionados por Estados Unidos.
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Dugarte y Vizcaíno fueron tildados por Carlos Vecchio, embajador del presidente interino, Juan Guaidó, en Estados Unidos, como «cabecillas» del Saime por colaborar en la red de delitos que busca de forma paralela pedir miles de dólares para agilizar los trámites y entrega de pasaportes, en medio de la peor crisis migratoria del país, y en un momento en que hay mayor demanda de pasaportes. «Estos cabecillas del Saime pasaban el dinero cobrado a los venezolanos, necesitados de un pasaporte y víctimas de esta red de corrupción y extorsión, a su propia cuenta personal«, denunció el diplomático. Según la OFAC, bajo la dirección de Vizcaíno se han gestionado pasaportes venezolanos para extranjeros.
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Las sanciones tienen lugar luego de que el Saime anunciara el aumento de los precios para los trámites. De acuerdo con la tasa del dólar de tipo oficial, la solicitud del nuevo pasaporte está fijado en casi 180 dólares, mientras que la prórroga (renovación) quedó establecida en aproximadamente 60 dólares. Los venezolanos en el exterior deben pagar 200 dólares para pasaporte, mientras que para la prórroga 100 dólares, cifras que aumentaron para los exiliados en septiembre en más de 500%. Pero los montos pueden superar los mil dólares si el solicitante no puede esperar o desea su pasaporte de inmediato.
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El salario mínimo de un trabajador en Venezuela es de aproximadamente 3.50 dólares, por lo que muchos deben recurrir a familiares en el exterior para que los ayuden a abarcar la cuota exigida. Visto de otra manera, el monto representa 50 meses de salario mínimo venezolano. La medida fue calificada por los usuarios a través de Twitter como una decisión arbitraria e injusta.
