En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores determinantes del cambio climático que, en contextos dominados por el crimen, se ven acelerados. El experto apunta que el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilegales están depredando el medioambiente.
¿Qué relación han encontrado ustedes entre el crimen organizado y el cambio climático?
Los grupos de crimen organizado llevan años ocupando extensiones de tierra cada vez más grandes. Por un lado, para ganadería extensiva, pues desde los ochenta, grandes narcotraficantes se han metido en esa industria y han extendido sus tierras tumbando árboles. Esto ocurre, sobre todo, en regiones cocaleras y zonas que deberían ser más protegidas por el gobierno, como reservas naturales donde, si bien también hay deforestación de otros ganaderos, en el caso de los narcos se acelera por el capital que manejan. Por otro lado, hay productores de droga que migran o expanden su producción de coca y en otras actividades que han venido incursionando.
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¿Como cuáles actividades?
Muchos de los que han acumulado capitales de manera ilegal buscan actividades para lavar grandes cantidades de capital. La palma es la principal que hemos observado, y la hemos visto en Colombia, Honduras y Guatemala, países en los que se cruza el crimen organizado con intereses económicos. Esos intereses a veces se meten en negocios como la tala de madera: la infraestructura que ellos tienen para poder talar especies de madera en riesgo, aceleran, por ejemplo, la deforestación y, en muchos casos, paralelamente se tienen otros negocios ilícitos en el mismo bosque y alrededor se generan deforestaciones, por ejemplo, con la colonización.
Además de la deforestación, ¿qué otros factores relacionados con el cambio climático tienen que ver con el crimen organizado?
Los químicos que se utilizan en las zonas donde hay grandes extensiones de coca, o el mismo ganado, que contamina por la emisión de gases que dejan los animales. Y, la actividad ganadera se puede ligar a grandes riesgos, como, por ejemplo, actividades de construcción que aceleran un desarrollo de ciertos lugares, pero en muchas situaciones no tienen un fin económico sólido, sino que son fachadas para lavar dinero. Hay casos en los que se corrompe a las autoridades para que los dejen usar tierras protegidas, se destruyen ecosistemas y uno termina viendo construcciones a medias o edificios vacíos en medio de la nada.
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¿En qué regiones de Colombia se concentran las afectaciones del crimen organizado sobre el medioambiente?
Donde hay actividades ilícitas como el cultivo de la coca, y en contextos urbanos, donde hay grandes operaciones de lavado de dinero. Eso impacta a ciudades intermedias, como Bucaramanga, donde el crimen ha acelerado unos proyectos de construcción en zonas protegidas, y eso pasa en un área gris porque realmente está justificado en el papel. Lo mismo sucede en Honduras, que hay una deforestación rapidísima en los lugares de la biósfera más frágiles, donde también se concentra el tráfico de drogas. Es muy difícil establecer esa causalidad, pero nuestra percepción es que con estas actividades se aceleran factores determinantes del cambio climático.
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¿Las organizaciones que se dedican al tráfico de fauna, de madera y demás, funcionan de la misma manera que las estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal o qué las diferencia?
A nivel regional, realmente siguen siendo grupos distintos. Hay casos en los que grupos grandes de narcotráfico también controlan espacios grandes de terreno donde hay tráfico de madera y pueden estar ligados a ese negocio cobrando, o hay casos en los que utilizan la infraestructura y el modus operandi del tráfico de madera para traficar su mercancía. Pero, realmente, son muy pocos los grupos que están traficando madera y a la vez cocaína. En cambio, hay muchos más grupos que están en minería ilegal y narcotráfico. También, en muchos casos, que se dedican al tráfico de madera o fauna lo hacen como un resultado de lo que ya están haciendo.
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¿Cómo así?
Por ejemplo, un grupo dedicado a la minería ilegal tala el terreno que va a explotar y, una vez tiene madera, pues la comercializa. Pero no fue su objetivo principal, sino un efecto secundario. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en zonas de cultivos. Así pasa en Colombia y a nivel regional. La relación más directa, quizás, es en México. Allá hay grupos o partes de grupos más grandes que sí están metiéndose en la tala ilegal de madera y la comercializan después, e incluso pueden tener negocios de aserradores ellos mismos.
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En Latinoamérica, en general, los delitos ambientales son delitos menores. ¿Cómo hacerle frente a estas dinámicas del crimen organizado si no son una prioridad para la justicia?
Ahí hay una serie de problemas. Uno, lo que la ley tipifica como un crimen contra el medioambiente; otro, las penas contra estos crímenes, que son muy leves; y, por último, la respuesta institucional: faltan recursos, falta entrenamiento de los investigadores y hay altas posibilidades de corrupción entre los entes reguladores, judiciales y fuerzas de seguridad. Esos tres aspectos hacen que la regulación del medioambiente sea aún más difícil, porque no es una prioridad ni para el Estado ni para las mismas comunidades, ellos viven de eso.
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Así como el Acuerdo de París obliga a tomar medidas para contrarrestar el cambio climático, ¿hay algún otro instrumento internacional que obligue a perseguir los crímenes que afectan el medioambiente?
Existe una convención que han firmado los países que estudiamos nosotros. Se nombran algunas especies, tanto de flora como de fauna que están en riesgo, y obliga a ciertas acciones a proteger esas especies, pero hasta ahí llegan a nivel internacional.
