La detención en el estado Zulia del general Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, deja en evidencia cómo operan las mafias que ejercen el poder en Venezuela, que según soportan documentos y fuentes de la Fuerza Armada, son capaces de aniquilar a cualquier civil o militar que se niegue a operar bajo su código criminal. El caso del alto oficial del Ejército, acusado como cooperador inmediato del tráfico de drogas y obstrucción en la administración de la justicia, sería el resultado de una conspiración entre la guerrilla colombiana, el gobernador del Zulia Omar Prieto, el jefe de REDI Occidente, general Ovidio Delgado Ramírez y altos oficiales de la GNB. El objetivo logrado fue sacar a Lapadula del escenario desde donde pudiera ejecutar acciones contra las organizaciones delictivas, es decir, contra los socios del régimen. Así lo reseñó Ibéyise Pacheco para el Diario Las Américas.
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Antes de esto, el general Lapadula venía complicando el idilio existente entre guerrilleros, narcotraficantes y gobierno, a la cabeza de la 12 Brigada Caribes del Ejército. Sus acciones llevaron a que las mafias se quejaran ante las autoridades militares, en especial con el general Fabio Zavarse (actual comandante de la GNB) quien para ese momento era comandante de la REDI Occidente. Lapadula, con liderazgo en la FANB, resultaba implacable con los terroristas a través de la Operación Centinela (2018) con la que encarceló a productores y colaboradores de la guerrilla en el Municipio Catatumbo. Hay registros de que en Machiques, el general tomó acciones contra el narcotráfico. Destruyó pistas de aterrizaje clandestinas y gestionó la instalación de un radar en el Fuerte Macoa para vigilancia en Perijá. Al sur del Lago se registraron enfrentamientos armados dirigidos por Lapadula que llevaron a la guerrilla a replegarse al Sur del Lago. En abril de 2018 incautó una aeronave con 500 paneles de cocaína.
Con el Operativo Centinela, el ELN lo había declarado enemigo. Sin embargo, la alta ascendencia de Lapadula sobre oficiales subalternos, empujó para que en julio de este año fuese nombrado jefe de Zodi en Zulia. Allí intentó continuar ejecutando acciones contra los terroristas pero de inmediato, el ELN y sus socios militares y civiles del régimen, ordenaron liquidar a Lapadula. Concluyeron en que el modo ideal era construir un caso que lo sacara definitivamente de cualquier escenario con poder. Entonces se puso en marcha una conspiración contra el general, ejecutada en septiembre pasado y que culminó con su detención y proceso judicial. Un caso que tenía como elemento adicional, acabarlo moralmente al colocarlo como socio del narcotráfico.
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Un informe aportado por fuentes de inteligencia militar relata en detalle la trampa elaborada contra Lapadula a solicitud del ELN. Precisa el documento que la conspiración fue coordinada por el gobernador Omar Pietro y el general Ovidio Delgado Ramírez, jefe de REDI Occidente quien envió una nota informal al general Lapadula solicitándole que tramitara el permiso para que una fundación de la gobernación, pudiese trasladar materiales de construcción. El general Lapadula lo hizo. Sin embargo, la nota agrega que cualquier alteración de lo allí autorizado, sería objeto de sanciones penales. La carga del container era realmente ácido sulfúrico, químico utilizado para procesar droga. La GNB –también cómplice de la guerrilla- tenía las instrucciones de detener el vehículo. Luego, la ejecución judicial fue expedita. Los cuatro transportistas detenidos resultaron ser miembros de las FARC y se fugaron «sorpresivamente». El general Lapadula fue detenido. El caso fue publicitado por medios del régimen. Su expediente llegó a manos de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde Maikel Moreno se encarga de vigilar su proceso.
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Pero pasan cosas. En Zulia, las únicas limitaciones que tiene la corporación criminal para la ejecución de sus delitos, son el resultado de las diferencias entre ellos mismos. Diosdado Cabello –con control sobre civiles y militares en esa región- viene perdiendo la paciencia con el gobernador Prieto, que opera abiertamente con el narcotráfico. Y es que resulta que a Diosdado para efectos de la opinión pública, le afecta que lo califiquen «capo de la droga«. «A él hasta le divierte que le digan corrupto –que lo es- pero que lo clasifiquen como narco, lo hace revolcarse de la rabia«, cuenta un amigo. Y en esta materia, Prieto lo está rayando fuertemente. Y aunque el gobernador tiene en Pedro Carreño su mayor defensor -además de los narcoguerrilleros, claro está-, también tiene un adversario destacado: el general Néstor Reverol (que es de Zulia) y que se une a Diosdado en este tema. Así que la defensa de Carreño está un tanto debilitada, más aún cuando sus propios compañeros de partido lo consideran como persona, un caso perdido.
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