Las fortunas de los capos de la droga difícilmente llegan hasta los tribunales de la mano de los narcotraficantes. La sentencia a cadena perpetua para Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha dejado como incógnita el destino de su dinero y también ha cristalizado la incapacidad del sistema de Justicia (México) para seguir la pista a las cuentas del narco. En los últimos 12 años, la Fiscalía mexicana investigó 5.228 casos por blanqueo de activos relacionados con los cárteles mexicanos, pero solo logró que los jueces sentenciaran a 16 personas: la mayoría de ellos son apenas el último eslabón del millonario negocio. Así lo reseña un reportaje especial de El País.
El eslabón más débil es el que paga
Todas las administraciones recientes han reconocido que la mayor amenaza en el lavado de activos proviene de las organizaciones delictivas por el alto volumen de fondos generados con sus actividades ilícitas. Desde el presidente Calderón, pasando por Peña Nieto y ahora con López Obrador, se ha sostenido que capturar a los operadores financieros de los narcos es clave para minar a los carteles, sin embargo, en los hechos —tras revisar decenas de expedientes judiciales— los que terminan en la cárcel pocas veces son los dirigentes criminales, siempre es el eslabón más débil de la cadena criminal.
Tras la revisión de documentos (a los que tuvo acceso El País) obtenidos mediante solicitudes de información, queda en evidencia que la justicia condena poco y lleva a tribunales, en su mayoría, a quienes realizan los mandados.
Según los especialistas, los sentenciados son, en su mayoría, las personas que están en la estructura más baja, conocidas en México como mulas, pero no se logra identificar quién es el beneficiario real o final porque no existe un canal efectivo de comunicación entre las autoridades de inteligencia financiera (Ministerio de Hacienda) y las de procuración de justicia (Fiscalía general) a fin de que toda la información de inteligencia pueda utilizarse para abrir una carpeta de investigación.
Los príncipales líderes de los carteles mexicanos
– Cartel del Pacífico: Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera (extraditado a EEUU, condenado a cadena perpetua), Ismael Zambada García (prófugo de la justicia), Vicente Zambada Niebla (extraditado a EEUU en 2010, condenado a 15 años).
– CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación): Nemesio Oseguera Fernández (prófugo de la justicia), Rubén Oseguera González (detenido en 2015, en espera de sentencia), Abigael González Valencia (detenido en 2015, en proceso de extradición).
– Beltrán Leyva: Héctor Beltrán Leyva (falleció en prisión en 2018), Sergio Villarreal Barragán El Grande (extraditado a EEUU en 2012).
– Cartel de los Zetas: Heriberto Lazcano (asesinado en enfrentamiento), Omar Treviño Morales (detenido en 2015, en espera de sentencia).
– Del Golfo: Ezequiel Cárdenas Guillén (asesinado en enfrentamiento), Jorge Eduardo Costilla Sánchez «El Coss» (extraditado a EEUU en 2015).
– Cartel de Tijuana: Fernando Sánchez Arellano (detenido en 2014, en espera de sentencia), Eduardo Arellano Félix (extraditado a EEUU en 2012), Ivonne Soto Vega (condenada a 7 años por lavado de dinero).
– Cartel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes (detenido en 2014, en espera de sentencia), Vicente Carrillo Leyva (sentenciado a seis años por lavado de dinero, salió en libertad en 2018).
– Caballeros Templarios: Servando Gómez (detenido en 2009, en espera de sentencia), Dionicio Loya Plancarte (detenido en 2014, en espera de sentencia).
– La Familia Michoacana: Nazario Moreno (asesinado en enfrentamiento).
Las empresas del narco
Desde 2002, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a exhibir a empresas mexicanas que servían a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos. Desde enero de ese año a finales de 2018 habían documentado cerca de 300 empresas, pero en México sólo diez fueron aseguradas por la Fiscalía al estar inmersas en una investigación y transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los artículos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.
Además, de las diez empresas que en México fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayoría de los casos las compañías nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.
La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC –alrededor de cien- tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compañías de esa organización en aparecer en el listado fueron señaladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada.
De acuerdo al reportaje, en México se lava dinero sucio en muchos y diversos ramos: principalmente en casas de cambio, tiendas de ropa, casinos, restaurantes o bares. También en farmacias, salones de fiestas, inmobiliarias, ranchos ganaderos o agrícolas, compañías mineras, constructoras, mensajerías, hoteles, casas naturistas, mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de blindaje y centros turísticos, entre otras.
Las deficientes investigaciones llevan a la impunidad
Las fallas por parte de la Fiscalía General en la persecución de los delitos las ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Un informe de 2016 evidencia que los ministerios públicos —que dependen de la Fiscalía— han presentado inconsistencias en la integración de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos. La ASF pidió a la Fiscalía que distribuya equitativamente las cargas de trabajo e inspeccione los pliegos de consignación de los ministerios públicos. El órgano fiscalizador concluyó que la investigación y persecución de estos delitos fueron insuficientes para reducir la impunidad.
Angélica Ortiz Dorantes, quien ha escrito diversos libros sobre el tema de lavado de dinero, señala que en la Fiscalía (México) regularmente hay un desperdicio de personal especializado. «Hay mucha gente que se capacita constantemente, pero que luego en vez de mandarlos al área de investigación de lavado, los envían a otras tareas, y no se aprovechan sus conocimientos del tema», explica. Entonces, abunda, la persecución del delito quede en manos de personas que no lo entienden porque no lo han estudiado o no tienen la capacitación adecuada.
Otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. «Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios públicos no son capaces de integrar todos los elementos ni de entenderlos», expone. Igualmente, señala que las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes.
