El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil (España) en la Operación Lubido-Hezurra se acerca a las cuatro mil. Así lo destaca un escrito remitido por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de afectados y su extensión a «la práctica totalidad del territorio nacional». Así lo informó El País.
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El sumario, que permanece en gran parte secreto, acumula más de 25 tomos y en él están imputadas unas treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel. En la causa se investigan delitos de extorsión, amenazas contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y organización criminal.
La trama de sextorsión ahora investigada es descrita por la Guardia Civil en uno de los primeros informes incorporados a la causa como un grupo criminal organizado dedicado al chantaje sexual, a personas que habían contratado o intentado contratar los servicios de prostitutas a través de la web pasion.com. Los investigadores recogían en aquel documento policial que la red podría llevar actuando «incluso años» y ya hablaban de «centenares o miles de víctimas«, aunque aún sin concreción.
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La Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la misma tenían «una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas, quienes —ante el temor de ser descubiertos por familiares y parejas su consumo habitual o esporádico de servicios sexuales— realizan desembolsos de diversas cantidades en una o en varias ocasiones». Para conseguir sus objetivos, la red amenaza a las víctimas con enviar a sus domicilios a los supuestos integrantes de un grupo mafioso de Europa del Este para darles una paliza o, incluso, matarles si no pagaban. «En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna», le dicen a un hombre al que reclamaban 450 euros.
