El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero John D. Rockefeller utilizó una oficina familiar para administrar su riqueza, y en la década de 1980 comenzó a manejar la fortuna de otros clanes ricos. En la actualidad, las oficinas multifamiliares no solo dirigen las inversiones para los ultra ricos, sino que también ofrecen servicios de conserjería, como asegurar lugares en las mejores escuelas privadas, contratar aviones y helicópteros, mantener yates y obtener entradas para eventos deportivos. Así lo reseña un reportaje de Bloomberg.
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Los abogados, contadores, agentes inmobiliarios y oficinas multifamiliares están obligados a realizar controles contra el lavado de dinero en sus clientes.
Los grupos de la industria, no los reguladores, son en gran parte responsables de monitorear la conducta de sus miembros. Por esta razón, en 2018, el gobierno de UK creó una agencia llamada Office for Professional Body Super-Anti-Laundering Supervision para presionar a estos grupos a fin de garantizar que los miembros cumplan con sus responsabilidades. En marzo, descubrió que el 80% de las 22 organizaciones de la industria legal y contable que vigilaban carecían de políticas adecuadas para supervisar las prácticas. Alrededor de una cuarta parte de los grupos no realizó ninguna supervisión de las finanzas ilícitas.
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En mayo, la Autoridad Reguladora de Abogados, que supervisa a 145,000 abogados en ejercicio en Inglaterra y Gales, puso a 26 firmas de abogados en revisión disciplinaria por incumplimiento potencial de las normas de lavado de dinero.
Los reguladores de toda Europa están ampliando los tipos de profesionales que deben llevar a cabo controles de sus clientes. Según las nuevas normas que entrarán en vigencia este mes, la Unión Europea requerirá que los comerciantes de arte y las casas de subastas realicen controles de clientes e informen transacciones sospechosas a las autoridades.
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En diciembre pasado, el Grupo de Acción Financiera otorgó al Reino Unido altas calificaciones por sus esfuerzos. Pero dijo que el sistema que usan los bancos y otras empresas para reportar actividades sospechosas necesita una revisión.
