Para poder recibir las prestaciones sociales en España, los usuarios de los servicios sociales municipales necesitan tener una cuenta bancaria a su nombre en la que la administración les haga el ingreso. Sin embargo, con base a la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, los bancos han impedido a muchos inmigrantes acceder al uso de cuentas corrientes.
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En los últimos dos años, la OND ha tramitado ocho casos de denegación a personas que se encuentran en situación irregular en España, aunque están empadronadas en Barcelona y pueden demostrar arraigo en la ciudad.
El concejal de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha señalado que es «preocupante el incremento de las denegaciones del derecho a los servicios bancarios» y ha asegurado que en Barcelona «hay centenares de personas invisibilizadas, a las que se les está negando poder acceder a una cuenta corriente».
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Serra también ha destacado que la ley en la que se amparan los bancos para negarse a abrir cuentas, no recoge suficientemente la normativa europea relativa a la prevención de blanqueo de capitales, que establece que hay velar para que no haya situaciones de discriminación.
El concejal ha enviado una carta al gobernador de Banco de España en la que le expone las posibles prácticas discriminatorias detectadas, y le pide que dicte las disposiciones oportunas para garantizar el acceso universal a los servicios bancarios.
