Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los países escandinavos. Estos últimos generalmente se asocian con un gran respeto por la ley y buen gobierno corporativo. Así lo reseña un artículo de Fernando Montes Negret para Portafolio.
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Pues en el caso del banco privado más importante de Dinamarca (Danske) no fue así, haciéndose merecedor del premio del mayor «Actor Corrupto del Año» que otorga el «Proyecto de los Reporteros sobre Crimen Organizado y Corrupción«. Más aún, lamentablemente, este no fue el único banco de los países Nórdicos involucrado en lavado de dinero, ya que aparentemente dos bancos más: el banco más antiguo de Suecia (Swede) y Nordea de Finlandia también, participaron en este negocio ilícito.
En el caso de Danske las cifras son alarmantes, ya que a través de una pequeña sucursal en Tallinn, la capital de Estonia en los Bálticos, se lavaron 220 billones de dólares a través de 10,000 cuentas de clientes –no residentes en un periodo de ocho años (2007-2015), sin que los bancos, los reguladores y las Unidades de Inteligencia Financiera hicieran nada, a pesar de haber sido alertados por el Banco Central de Rusia– ya que parte de las actividades ilegales incluyen evasión de impuestos y tarifas aduaneras por ciudadanos rusos («Northern Lights», The Economist, octubre 19, 2019).
Si uno se pregunta qué falló, la respuesta es todo y todos: el gobierno corporativo de Danske ya que sus gestores y el Directorio y sus comités especializados ignoraron o escondieron el problema, sus auditorías internas y externas, el manejo de riesgos, complicidad de las unidades de negocio, las unidades de cumplimiento, además de los supervisores nacionales y regionales (la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo) y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Las deficiencias fueron tan evidentes y tan graves que la Comisión Europea se vio obligada a reportarle al Parlamento y a su Consejo sobre estos hechos y proponer reformas.
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Los resultados de la investigación de la Comisión encuentran enormes deficiencias en los bancos y en las autoridades supervisoras. Entre los primeros están las fallas en el gobierno corporativo –que impidieron identificar y conocer los clientes de los bancos (los famosos principios de Know your Customer-KYC)– complicidad de los empleados, incapacidad de controlar y supervisar a sus sucursales, ignorar los principios de control al lavado de dinero (AML/FT) y falta de reportar transacciones sospechosas a las UIFs.
En cuanto a los supervisores, la Comisión estableció la falta de poderes para ejercer una vigilancia más estrecha en términos de lavado e imponer sanciones más drásticas, falta de experiencia, inspecciones prudenciales deficientes, confiar demasiado en los banqueros, débil cooperación transfronteriza, confusa estructura de la supervisión nacional (AML/FT) y regional (ECB) y por supuesto deficiente gobierno corporativo.
Infortunadamente, las soluciones se quedaron cortas ante el diagnóstico devastador que hace la Comisión. Esto último refleja la necesidad de hacer compromisos políticos cuando cada país trata de proteger a sus bancos locales y evitar sanciones drásticas. Es increíble que el mayor temor sigan siendo las sanciones económicas y criminales que pueda imponer el Tesoro de Estados Unidos.
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El documento de la Comisión llega hasta el punto de no atreverse a asignar culpabilidad y, en forma escandalosa, decir que: «La selección de los casos de ninguna manera puede verse como una imputación de culpa o responsabilidad en relación a bancos individuales o autoridades públicas, ni como indicación de que no hay problemas en otros bancos o autoridades públicas». Casi dice que estos bancos y autoridades no son culpables ya que es posible que todo el mundo lo haga.
A petición de la Comisión, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) abrió a comienzos de 2019 una investigación, en dos de sus países miembros, sobre el desempeño y actuación de los supervisores prudenciales en estos escandalosos hechos de lavado de dinero. Como resultado de la investigación exhaustiva por parte de su panel legal (que es independiente), se propusieron recomendaciones y sanciones al directorio de EBA (conformado por todos los supervisores prudenciales de la UE).
Lamentablemente en Abril 16 de 2019, dicho directorio rechazó las recomendaciones, demostrando la politización de la supervisión y la decisión de no determinar culpabilidad. La politización de la supervisión prudencial es muy desafortunada y grave para la confianza en y la misma integridad del sistema bancario.
Cuando no sirve el “compliance”
En noviembre de 2019 el Comité de Supervisores de Basilea (BCBS) publicó un «Documento de Consulta sobre la Interacción y Cooperación entre las Autoridades Prudenciales y de AML«, con la peregrina conclusión sobre cómo las deficiencias en hacer cumplir la regulación sobre lavado de dinero (AML/FT) «pueden tener consecuencias prudenciales». En Inglés uno diría: too little, too late!
La conclusión es que ningún banco, ni ningún regulador y supervisor prudencial, está exento de verse involucrado en estos temas de lavado de dinero y que es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre el gobierno corporativo de los bancos (no limitado a las superficialidad del Principio 14 de los Principios de Basilea), a la vez que auditar en forma independiente lo que están haciendo en esta área las autoridades nacionales. Para la banca colombiana la lección es que hay que estar encima de lo que pasa en las subsidiarias y en las sucursales, no solo en Colombia sino también en Centroamérica. No hay que bajar la guardia: si pasa en Escandinavia, bien puede pasar aquí.
