Inmerso en un concurso de acreedores aún sin definir, el grupo brasileño Odebrecht afronta un 2020 clave para su futuro con un embrollo familiar de fondo, mientras busca nuevos acuerdos de colaboración con otros países para superar un historial de corrupción que contaminó gran parte de Latinoamérica. Así lo reseña un reportaje de El Día.
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Empezará a definir su delicada situación financiera a partir de hoy, cuando está programada, tras varios aplazamientos, la Asamblea de Acreedores para decidir sobre el plan de reestructuración.
El conglomerado solicitó en junio pasado el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil con una deuda de 23.900 millones de dólares, de los que está renegociando aproximadamente la mitad, forzado por los múltiples escándalos de corrupción, que le cerraron las puertas del mercado de financiación.
En paralelo, continúan las negociaciones con países en los que está presente para firmar acuerdos en los que confiesa el pago de sobornos, aporta pruebas y paga multas millonarias.
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Ya lo ha hecho en Brasil, EEUU, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador -aunque solo en la esfera penal, aún falta la civil-, Perú y Guatemala.
Lo busca en México, Colombia, Venezuela y Argentina, pero la dificultad es doble pues en ocasiones no existe el marco legal necesario y en otras el diálogo con los gobiernos es difícil.
Las negociaciones con sus mayores prestamistas, entre los que se encuentran los principales bancos estatales (BNDES, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal) y privados (Itaú, Bradesco y Santander), continúan con vistas a presentar un plan de «recuperación judicial» satisfactorio.
