El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el decreto presidencial N° 2.248 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y puso a la disposición 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales con el objetivo de generar una fuente de ingreso distinta a la del petróleo para fomentar el crecimiento del país. Así lo reseña un reportaje de Correo del Caroní.
Guaidó crea comisión presidencial para investigar devastación y crímenes en el Arco Minero
No obstante, la realidad actual del sur del estado Bolívar evidencia las falsas promesas y el discurso vacío del gobierno ante la supuesta planificación estratégica que representaba el AMO para dar un salto financiero ante la inminente llegada de una crisis económica.
El Arco Minero del Orinoco constituye el 12,2% del territorio nacional y se encuentra al margen del río Orinoco, principal fuente de agua del país. También, en esta zona habitan comunidades indígenas y posee una gran biodiversidad.
Explorando el Arco Minero: Venezuela, el país de los contrabandistas
Por otra parte, es foco de grandes minas de minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, entre otros. Estas son fuentes económicas bastante llamativas para el Estado, quienes autorizaron su extracción y comercialización a todo dar ignorando dos fundamentos elementales planteados en la Constitución.
El artículo 129 de la Carta Magna establece que es una obligación realizar un estudio ambiental y sociocultural en las actividades que puedan causar graves daños al ecosistema. A este se le suma el artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas «se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas».
Ecocidio en el Arco Minero del Orinoco preocupa a El Vaticano
Pero en el Arco Minero del Orinoco reina la violencia impuesta por los grupos armados que controlan las minas a plena vista de los cuerpos de seguridad del Estado. Además, la explotación a todo dar sin el equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.
