Miles de ciudadanos no estadounidenses, de más de 120 países, están utilizando activamente las leyes de recompensa para denunciar delitos económicos graves y corrupción en todo el mundo, que cubren violaciones de las principales leyes anticorrupción, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (OFAC). Así lo reseña un reportaje de Mondaq.
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El hecho de que miles de residentes internacionales participen en los programas de denuncia de irregularidades de EEUU, desacredita cualquier argumento de que los denunciantes de alguna manera son exclusivos de la cultura estadounidense, y las leyes que incentivan sus divulgaciones no deberían implementarse en todo el mundo. Numerosos ciudadanos, muchos de los cuales ocupan puestos altamente responsables en algunas de las corporaciones multinacionales más grandes, quieren ver el fin de la corrupción y buscan estructuras de denuncia profesionales, viables y confidenciales para revelar los crímenes que presencian.
Hoy, los denunciantes juegan un papel esencial en la detección de delitos económicos en todo el mundo. Basado en el éxito sin precedentes del denunciante gracias a las leyes de recompensa, Estados Unidos ha tomado la delantera en la promulgación de leyes de denuncia de irregularidades y ha aprovechado las reglas específicas para expandir la jurisdicción territorial de estas leyes para maximizar el alcance transnacional de las leyes anticorrupción.
Directiva “whistleblowing” abre canales seguros de denuncia en las empresas
Las leyes de recompensa de denunciantes fuertes y efectivas ahora son aplicables a la mayoría de la economía mundial que cotiza en bolsa. Por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU prohíbe el soborno de funcionarios gubernamentales para obtener una ventaja comercial y actualmente se aplica a casi todas las empresas que cotizan en bolsa, independientemente de si la empresa cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong o Nueva York. Del mismo modo, las empresas que extraen o venden minerales de países en desarrollo pueden verse enjuiciadas en virtud de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, incluso si son de propiedad privada. Otras leyes ahora cubren el secreto bancario.
