La «criptomoneda» del gobierno venezolano solo ostenta el sobrenombre de la tecnología que erigió Bitcoin, pues ni criptografía se puede asegurar que utiliza. Lo que sí se puede asegurar es que sus propósitos son la máxima aberración, en cuanto a política monetaria, que jamás haya existido. Así lo reseña un reportaje de Criptonoticias.
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El petro (PTR), esa cosa que Maduro designa tan tosca y enérgicamente como «criptomoneda», a veces como «criptoactivo», no es más que una base de datos a partir de un software manejado única y exclusivamente por entidades gubernamentales.
Cabe la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el sistema Petro y el anterior bolívar, si el gobierno ya imprimía y manejaba la economía a su antojo? Pues mucha, la verdad, porque ahora el gobierno no solo puede imprimir y mover indicadores que afectan el dinero de los venezolanos. Ahora el gobierno puede directamente afectar, meter mano a cualquier transacción y cuenta de los venezolanos. Veamos.
A diferencia de las criptomonedas comunes, descentralizadas en mayor o menor medida, el software del Petro no puede ser descargado (su repositorio de GitHub, si es que existe, es privado) ni siquiera por casas de cambio que comercializan el llamado criptoactivo. Todos los «nodos» (aquellas computadoras que mantienen la red), si es que son varios, los maneja el gobierno a través de la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas).
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Lo anterior implica que las transacciones con la supuesta criptomoneda son propagadas a «la red» y verificadas unilateralmente por el gobierno, así que adiós al problema del doble gasto (sí, ese que los cypherpunks llevaban decenas de años intentando resolver sin éxito, hasta la aparición de Satoshi). ¡Bienvenido el gasto infinito! Es que si quien paga también confirma que el pago se realizó ¿qué no se puede comprar? Y eso solo hablando de lo que el gobierno puede hacer con «su dinero».
Si vamos al dinero que no le pertenece al gobierno, el de los ciudadanos, el problema es mayor. Que una transacción pueda ser propagada y confirmada únicamente por el gobierno, supone que los pagos y cobros de los ciudadanos están a merced de este ente, lo que aumenta la fricción y la desconfianza entre quienes hacen negocios.
Más grave aún, con semejante poder de aprobación de las transacciones que realizan todos y cada uno de los ciudadanos, además de conocimiento de la información relacionada con esos envíos de dinero, el gobierno podría profundizar la discriminación política con facilidad: removiendo trabajadores de puestos de trabajo, negando las dádivas a los más necesitados e incluso enviando a la cárcel a quienes usen su dinero en sitios que al gobierno no le parezcan, tal como ya ha pasado con operaciones como la lista Tascón o su continuación, el software MaiSanta.
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Pero lamentablemente eso no es lo peor… Parte de este control absoluto de la economía venezolana que pretende ahora ostentar el gobierno incluye tener las llaves de cada «bóveda» donde los ciudadanos guardan su dinero.
