A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara uno de los casos más grandes de confiscación por sospecha de actividad criminal tramitado en tiempos recientes en el Distrito de San Juan. Así lo reseñó Noticel.
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Se trata del caso que involucra a Banco San Juan International (BSJI), una institución bancaria foránea que opera desde Puerto Rico y a la cual el gobierno federal le incautó varias cuentas que tenían en Puerto Rico y en Nueva York, por más de 50 millones de dólares bajo alegaciones de que era dinero producto de transacciones prohibidas con Venezuela.
Como parte del acuerdo, el BSJI pagará un millón de dólares como restitución, confirmó la fiscalía federal.
La moción del 5 de febrero del fiscal a cargo, indica que el gobierno y los representantes de la entidad financiera llegaron a un acuerdo mediante el que el gobierno federal le devuelve todo los fondos incautados y se desestiman todos los reclamos que el gobierno hacía sobre ese dinero.
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El documento, ni ningún otro en el expediente, da detalles de lo que ocurrió, pero la notificación de la fiscalía se produce después de que la jueza decidió un asunto aparentemente colateral en el caso.
En septiembre del año pasado, el fiscal sometió una solicitud de incautación sobre el dinero, en lo que es un proceso civil, y a la vez confirmó que había una investigación criminal paralela corriendo sobre el asunto.
Según la alegación de septiembre, en abril de 2017 de BSJI firmó un acuerdo de crédito con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para un préstamo de 519 millones de dólares. BSJI le habría informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que tenían los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA. Con esta falsa representación, habrían permitido que PDVSA lavara por lo menos 73.8 millones de dólares ya que el dinero entró al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un préstamo que, según las autoridades federales, no existió.
