Andrés Manuel López Obrador decidió fragmentar el paquete de iniciativas que adelantó en enero y anunció su respaldo a la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para reorganizar el Poder Judicial. La propuesta se centra en el combate contra la corrupción y el nepotismo, un impulso a la paridad de género y el fortalecimiento de los defensores públicos para el auxilio legal de los sectores más vulnerables y con menor acceso a la justicia. Con información de El País.
La lucha anticorrupción en el primer año de AMLO
«Estoy seguro que de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un Estado de derecho», señaló Zaldívar.
A mediados de enero, la Administración de López Obrador adelantó que enviaría al Senado y a la Cámara de Diputados, ambos con mayoría del partido gobernante, un paquete de nueve reformas para cambiar la impartición de justicia y la investigación de delitos. Los borradores de los proyectos de ley, elaborados por la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia (el brazo legal del presidente), se filtraron horas antes de su presentación formal y fueron criticados por académicos y organizaciones civiles por lo que se interpretó como un endurecimiento del sistema legal, que ponía en entredicho los derechos humanos y la presunción de inocencia.
Se proponía un Código Penal único que pretendía homologar las penas y criterios para los delitos del fuero común, pero que dejaba en manos de cada Estado puntos álgidos como los feminicidios, el aborto y los delitos sexuales. Otros puntos criticados fueron que se quitaban restricciones a la intervención telefónica, la presentación de pruebas obtenidas ilícitamente por los fiscales y a la figura del arraigo, que permite detener a un sospechoso sin que se tengan realmente elementos de prueba suficiente para ello.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
El Ejecutivo defendió que los ajustes eran necesarios para acabar con el lastre de la corrupción y la impunidad, mientras que la oposición lo calificaba como un intento de crear un sistema de justicia a modo y de extender su control sobre el Poder Judicial. Durante su Gobierno, que empezó en diciembre de 2018, López Obrador ha designado a tres de los 11 ministros de la Corte, tras la precipitada renuncia de Eduardo Medina Mora, el año pasado.
La falta de consenso en el propio Gabinete y en la coalición de gobierno derivaron en que la presentación de las iniciativas fuera un fiasco y a que se aplazara su discusión. Semanas después se anunció que ya no se iba a presentar un solo paquete de reformas, sino que se dividiría en dos: uno para la procuración de justicia (lo que toca a la investigación de los delitos) y otro para la administración de justicia (lo que corresponde a jueces y magistrados).
Como el Poder Judicial no tiene la facultad para presentar iniciativas ante el Legislativo, López Obrador ha auspiciado y firmado la iniciativa de Zaldívar. «Este gesto político, que valoro mucho, corrobora su respeto a la independencia judicial», ha señalado el presidente de la Corte en la conferencia matutina del mandatario mexicano.
