Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que se pueden desprender de ese enorme caudal de datos permite avanzar en todo tipo de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que son los dos principales objetivos de la propia unidad, según su mandato legal. Con información de Excelsior.
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Durante una entrevista realizada por Excelsior al jefe de la UIF (México), Santiago Nieto, éste explicó el sentido y el origen de las reformas sobre lavado de dinero y también desmintió un punto central: el que se pudiera establecer la extinción de dominio a partir de una simple denuncia o investigación de la UIF, sin el mandato judicial correspondiente de un Ministerio Público y un juez.
En torno al primer punto, hay que señalar que las reformas a las leyes de lavado de dinero no son una ocurrencia de la Unidad de Inteligencia Financiera: se establecieron para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, y México tiene que cumplir con esas normas (antes de agosto próximo) para poder ser calificado en forma positiva por esas instancias internacionales, que de no ser así, se afectarían inversiones y la calificación del país.
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El GAFI, explicó Nieto, establece 40 recomendaciones y «nosotros tenemos en este momento una no cumplida y tenemos 15 parcialmente cumplidas», refiriéndose a México. La no cumplida tiene que ver con las actividades vulnerables, se trata de los mecanismos de control del sistema no financiero, como serían notarios, corredores, abogados, contadores, vendedores de arte, vendedores de joyas, vendedores de vehículos… algunos países, agregó Santiago Nieto, han regulado incluso los deportes, el fútbol, por ejemplo, las apuestas, porque son lugares que pueden ser susceptibles de convertirse en espacios de lavado de dinero.
Aparte de eso, continuó Nieto, nos piden un control especial sobre personas políticamente expuestas, que son todas aquellas que, por su posicionamiento social y político, puedan ser susceptibles de estar lavando dinero… la idea es que, hasta tres años después de que una persona deja un cargo, todavía debe considerarse políticamente expuesto. Un tercer tema, muy importante, es trabajar para conocer quién es el beneficiario final de ciertas operaciones.
