En el momento en que Chávez y su gobierno, abierta y decididamente se negó a demarcar los territorios indígenas tal como pauta la Constitución que él mismo auspició como fundamento de su «Revolución Bolivariana»; cuando desde su gobierno se fraguaban planes de contención a las aspiraciones de los pueblos y en contra de sus dirigentes, algunos edulcorados con el financiamiento de proyectos y cargos burocráticos, a otros con la persecución y la muerte, como fue el caso del líder yukpa Sabino Romero, era claro que estábamos frente al proceso de corporativización del Estado-gobierno; por lo que, seguir alucinando con vinculaciones ideológicas de la Guerra Fría era muestra de ingenuidad (en el mejor de los casos), o simple discurso para ocultar la desvergüenza de quienes aún hoy la muestran como su escudo. Así lo reseña un reportaje de Provea.
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En la región de Guayana, no sólo quebraron la industria del hierro y la siderúrgica, sino que quebraron a su dirigencia obrera y a los que persisten en la dignidad de su rebeldía los mantienen prisioneros, sin juicio, sin posibilidad de defensa, Rubén González y Rodney Álvarez son evidencia tajante de ello. En cuanto a los pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, no sólo no les demarcaron sus territorios, sino que se les ha despojado de ellos y entregados a corporaciones rusas, chinas y turcas para la más atroz explotación de sus yacimientos de oro, sin importar la destrucción del Orinoco, corazón de agua de Venezuela.
Mientras estas esperan las condiciones óptimas para llegar, que suponen control del descontento y desmantelamiento de cualquier resistencia, ya llegaron al estilo africano, creando un enclave de terror que los provee de minerales estratégicos a bajo costo de forma «ilegal»y «legal» administrado por grupos armados y crimen organizado respaldados por las FANB del gobierno. Tal vez nunca lleguen, «legalmente» este modo de enclave criminal les ha servido a las transnacionales en África para traspasar la culpa a sus sanguinarios operadores.
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Así, la corporativización del Estado ha implicado el abandono de toda noción de soberanía y esta palabra sólo es usada como justificación de su ambición. Las Fuerzas Armadas, cuyo fundamento es, precisamente, la defensa de la soberanía nacional, son igualmente corporativizadas mediante su conformación como Empresa Minera (Caminpeg) responsable de los acuerdos con las corporaciones y, por supuesto, de garantizar la seguridad de las explotaciones. Por si esto fuera poco, la corporativización del Estado también implica el advenimiento a los planes corporativos de fuerzas del crimen organizado (narcotráfico, extorsión, trata de personas), cuyo papel es ejecutar operaciones de terror sobre las poblaciones a desalojar de los espacios a ser explotados.
No es posible ofrecer una cifra exacta de asesinados en el contexto de explotación del Arco Minero en el Estado Bolívar, la mayoría de ellos pertenecientes al pueblo Pemón, quienes en la defensa de su territorio y de sus vidas les ha tocado enfrentar al ejército del Pranato (Crimen Organizado), la guerrilla del ELN (Colombiano), sino también a las fuerzas armadas nacionales.
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Mientras los crímenes del orden del miedo se suceden, se siguen neutralizando organizaciones indígenas de intermediación y dividiendo con el argumento de la ambición extractivista, a muchos dirigentes de las muy escasas experiencias de gobierno propio que hay en los territorios.
Hoy, el escenario de despojo se traslada a la región del río Socuy: corazón de agua de Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago, pues, la corporación minera rusa Vostokcoal y la militar Caminpeg han penetrado territorios wayuu para iniciar la explotación masiva y desesperada de minas de carbón adjuntas al río que, no está demás decirlo, es el principal surtidor de agua a las poblaciones antes mencionadas.
