La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de drenar riqueza desde los países en desarrollo. Este tipo de operatoria criminal adquirió escala industrial hacia comienzos de los años 70 a partir de la disponibilidad de capital para los países del Tercer Mundo, en forma de créditos a muy baja tasa de interés. Así lo reseña Clara Vázquez Del Faro para Kaos en la Red.
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Los principios de la operatoria se mantuvieron a lo largo del tiempo hasta nuestros días: las divisas ingresadas en forma de préstamos desde los países desarrollados a los países acreedores –sean privadas a través de la venta de bonos o préstamos de organismos como el FMI y el Banco Mundial– son apropiadas por un pequeño grupo a través de instrumentos financieros para luego rápidamente, a veces en cuestión de meses o de semanas, reenviarlas al exterior sin registrar esas operaciones, evadiendo impuestos y/o aprovechándose de reglamentaciones extremadamente laxas.
Por este motivo, hay un vínculo histórico entre el dramático aumento de activos financieros no declarados en el exterior y el aumento de la deuda externa en los países en desarrollo.
Como comentó allá por la década del 80 un funcionario de la Reserva Federal de los EEUU, a propósito de este esquema de fraude: «El problema no es que los países que recibieron préstamos no tienen bienes. El problema es que esos bienes están en Miami». En vez de haberse convertido en hospitales, escuelas u obras de infraestructura en los países de destino de los préstamos -o al menos en una herramienta para estabilizar la economía-, las divisas se transformaron en depósitos bancarios de privados o se convirtieron en yates, mansiones y autos lujosos de un selecto grupo.
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La forma más extendida de fuga y evasión es la que se conduce a través de las famosas empresas offshore. Se trata de entidades jurídicas asentadas en países con leyes muy permisivas para este tipo de actividad que reúnen ciertas características:
Están registradas bajo legislación local pero la propiedad final es de extranjeros, tienen pocos o ningún empleado, generan poca o ninguna producción en la economía del país donde están localizadas, poseen poca o ninguna presencia física (oficinas, establecimientos, etc.) y generalmente están asociadas a actividades de financiación o tenencia de acciones como su negocio principal. Estas entidades permiten, lisa y llanamente, borrar el origen de los fondos, evitar el pago de impuestos y redireccionar el dinero a su verdadero destino: bancos suizos, británicos y estadounidenses, o directamente activos –mansiones, yates, autos, motos, obras de arte, etc.- en diferentes partes del mundo.
Los Panama Papers se convirtieron en un caso emblemático que le dio visibilidad a un fenómeno que, como vimos, tiene muchos años. A partir de las filtraciones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los argentinos y argentinas descubrieron que el ex presidente de Mauricio Macri y sus familiares poseían empresas offshore, privilegio que no ostentaban en soledad.
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Según esa investigación, 270 firmas offshore aparecen asociadas a Argentina, mientras que más de 1200 argentinos son directivos u accionistas en paraísos fiscales. Funcionarios públicos y dirigentes del espacio político liderado por Mauricio Macri, así como empresarios argentinos, aparecen como dueños de empresas offshore en Panamá.
Sin embargo, lo que salió a la luz a partir de la filtración de los Panama Papers fue apenas una pequeña muestra. Se calcula que en el mundo existen en total 12 trillones de dólares registrados en estas cáscaras vacías que son las empresas off-shore. La mayor parte de estas entidades dedicadas a la promoción de la fuga y facilitación de la evasión fiscal se encuentran en Suiza, Holanda, Luxemburgo, Hong Kong, Bermudas, el Reino Unido y Singapur, en estos lugares están radicadas alrededor del 85% de estas entidades.
Siendo la Argentina uno de los países que mayor deuda tomó en los últimos 40 años ¿Qué lugar ocupa en este universo de evasión fiscal, lavado de dinero y fuga? Según estimaciones del Instituto Mundial de Investigaciones para el Desarrollo de la universidad de las Naciones Unidas en Tokio –sobre datos del propio FMI- en Argentina se evade de pagar impuestos una suma que representa el 5,1% del PBI anual, lo que significa aproximadamente 21.000 millones de dólares a valores del PBI de 2018.
Esto último ubica a la Argentina en el tercer puesto mundial de mayor evasión fiscal, junto a Comoras, Guinea, Pakistán y Zambia, y sólo por detrás de Malta, que está segundo y Guyana y Chad que se encuentran en el primer puesto, todos países de un desarrollo económico muy bajo. El altísimo nivel de evasión fiscal que se registra en la Argentina sextuplica valores de países vecinos como Uruguay y Bolivia.
