El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley en el país centroamericano, por su papel en «el grave abuso de los derechos humanos». La OFAC también ha incluido en la lista negra a Juan Antonio Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, líderes de la NNP.
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
El régimen de Daniel Ortega ha reprimido con brutalidad las protestas iniciadas en abril de 2018 por una reforma a la Seguridad Social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 328 muertes, 130 encarcelados y cerca de 88.000 exiliados, según las cifras publicadas el pasado octubre.
«El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense», sostuvo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin en un comunicado. Las sanciones se aplican a la NNP como entidad y a los altos funcionarios mencionados, pero no a cada policía. «El Tesoro se compromete a responsabilizar a quienes buscan silenciar las voces prodemocráticas», agregó.
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Este es el último movimiento de la Administración de Donald Trump que ha impuesto una batería de sanciones contra el régimen nicaragüense desde que afronta la peor crisis política desde el fin de la guerra civil en los años ochenta.
La medida se traduce en el congelamiento de todos los bienes e intereses económicos que los sancionados tengan en Estados Unidos. El Tesoro acusa a la policía de utilizar municiones «contra manifestantes pacíficos» y participar en «escuadrones de la muerte», así como llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.
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Las sanciones se amparan en la Ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a todos los funcionarios o ciudadanos extranjeros que estén involucrados en casos de corrupción o hayan sido acusados de violar los derechos humanos.
El Tesoro sancionó el pasado noviembre Ramón Avellán, subdirector de la Policía nicaragüense y quien es considerado el ejecutor de la Operación limpieza, un operativo conjunto de policías y paramilitares destinado a derribar las centenares de barricadas montadas en el país centroamericano en señal de protesta. Avellán es solo uno de los altos funcionarios que se encuentran en la lista negra de Washington. Rosario Murillo, la vicepresidenta designada y esposa de Ortega, y Néstor Moncada Lau, consejero nacional de seguridad, también figuran entre los sancionados para presionar al régimen.
