El director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, publicó un informe en el cual detalló la situación de derechos humanos de Venezuela durante el Estado de Alarma decretado por el régimen de Nicolás Maduro debido a la detección de casos de Covid-19 en el país. Con información de Tal Cual Digital.
El defensor de derechos humanos criticó que dicho estado de alarma esté lleno de “gravísimas arbitrariedades en el marco normativo”, donde detectó diversas violaciones a los derechos humanos.
Daniels indicó que desde el anuncio del decreto “se ha mantenido la represión política previa”, al punto de haberse realizado, hasta la fecha, “20 detenciones por motivos políticos”, a lo que agregó que también “sigue el patrón de desapariciones y detenciones arbitrarias de familiares o relacionados con políticos perseguidos”.
“A las detenciones políticas se han agregado las de personal sanitario y periodistas por dar información sobre la mala situación del sistema de salud pública del país o por simplemente informar sobre casos de Covid-19”, expresó.
Asimismo, indicó que, a pesar de ser el estado de alarma originado por una pandemia, “el racionamiento de combustible es tan arbitrario que se ha llegado a negar a médicos y enfermos crónicos”, a lo que agregaron que dicha medida también ha afectado a los productores agrícolas que “no pueden trasladar alimentos por no tener acceso al combustible”.
De la misma manera, mencionó la situación ocurrida en el estado Lara, donde un grupo de personas fueron puestas en cuarentena por ser sospechosas de portar el virus, sin proveerles de alimentos.
El representante de Acceso a la Justicia también rechazó la realización de pruebas de despistaje del virus a través del carnet de la patria, lo que calificó como “discriminatorio para la población del país que no posee dicho documento”.
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“En conclusión, en Venezuela la crisis humanitaria preexistente ha sido potenciada por la pandemia y aunque algunas de las medidas para enfrentar la misma, como la cuarentena, se encuentran justificadas, el marco normativo implementado, ha sido deficiente, confuso y caótico, en perjuicio de los derechos humanos, afectándose derechos que no son susceptibles de suspensión”, expresó.
Daniels advirtió que lamentablemente se están dando las condiciones para que el impacto de la enfermedad tenga consecuencias nefastas para la población.
