La Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria un acuerdo que declara la nulidad absoluta, desde su origen, de la resolución del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico número 0010 aprobada por el régimen de Maduro, que autoriza las actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní, cuencas vitales para la Amazonía. Con información de El Nacional.
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Durante la sesión, se estableció que se oficie a las Naciones Unidas sobre el riesgo de destrucción que recae sobre un bien patrimonio natural de la humanidad como es el Parque Nacional Canaima.
De igual forma, el acuerdo establece que se solicite una investigación y sanciones para el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco; el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, Carlos Osorio; la viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Henríquez, y la gerente de Encadenamiento e Industrialización de la Corporación Venezolana de Minas.
Por su parte, el parlamentario Américo De Grazia sostuvo que «el Arco Minero es un ‘adefesio jurídico’ creado por el usurpador Nicolás Maduro para saquear las riquezas del país y financiar bandas narcoterroristas».
Resolución 0010, una amenaza para la Amazonía
El texto ordena oficiar a la Organización de Estados Americanos, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el Grupo de Lima, la Comunidad Europea y el Tratado de París sobre el Cambio Climático acerca de la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro representa para los bienes naturales de la humanidad.
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Asimismo, la defensa de los pueblos ancestrales, la seguridad de los connacionales, la amenaza de desertificación de vastas zonas de territorio venezolano que afectarán ineludiblemente el Amazonas, el clima y la vida en la región.
