El senador José Name Cardozo solicitó al presidente Iván Duque la intervención de la empresa Monómeros ubicada en Barranquilla – filial de Pequiven – por supuestos malos manejos de la directiva nombrada por Juan Guaidó. De su denuncia se hizo eco de inmediato el grupo de medios digitales y páginas web del régimen de Maduro y los que responden a la oposición radical enfrentada a Guaidó.
Resulta sorprendente que el mismo senador colombiano que hace un año pedía al presidente interino de Venezuela que nombrara con urgencia una nueva directiva al frente de una de las empresas más importantes de Colombia, para “salvarla de la corrupción madurista”, ahora reclame que sea intervenida cuanto antes para que “regrese a sus buenos caminos”.
Los “buenos caminos” de la empresa petroquímica Monómeros bajo la administración de la Pdvsa roja-rojita quedaron expuestos en el informe presentado por la nueva junta directiva, el cual devela una serie de irregularidades que mantenían a la empresa en números rojos y con serios problemas de reputación.
Entre los hallazgos del informe figuran los que ya son comunes en la administración chavista de las empresas públicas y que no sorprende a nadie: concentración inadecuada de poder en determinados funcionarios, duplicación de funciones, nombramientos irregulares, auditores y comités técnicos disminuidos y sin acceso a la información, irregularidades con las cajas de efectivo, ventas de inmuebles violando las normas, contratos millonarios de alquiler de aeronaves para usos ajenos a los fines de la institución, créditos sin respaldo, anticipos y avances a clientes en detrimento de la empresa, demandas por incumplimiento de contratos, etc.
Todo esto llevó a que Monómeros registrara una pérdida de 20 millones de dólares en 2018. A pesar de ello, la directiva de Maduro repartió igual cantidad de dividendos entre los accionistas, siendo el principal, Pequiven.
Las irregularidades de Monómeros asociadas a los turbios e ilegales manejos desde Caracas no eran nuevos. Desde el comienzo, Chávez utilizó políticamente a la empresa afincada en departamento del Atlántico para proyectar su influencia dentro del espacio político colombiano, lo cual llevó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a abrir una investigación sobre el financiamiento ilegal de Monómeros a Piedad Córdoba, amiga del seudo empresario Alex Saab, cuestión que la propia senadora reconoció en 2008.
En la larga historia de la empresa desde su fundación en los años 60, Monómeros, como otras empresas del Estado colombiano, ha sido relacionada con los principales grupos de poder del departamento del Atlántico como los Gerlein, los Ashton, los Char y los Name, familias de empresarios que incursionaron en la política convirtiéndose en los mayores contratistas públicos.
En el caso específico de Monómeros, es bien conocida la estrecha relación del senador José David Name Cardozo con Reginaldo Pérez, dueño del grupo empresarial Merco, al cual ha agradecido públicamente “el respaldo y apoyo recibido durante tantos años”, como afirmara a través de redes sociales durante su campaña al senado de 2018.
Uno de los aspectos más escandalosos de la auditoría realizada por la nueva administración de Monómeros fue descubrir que el setenta por ciento (70%) de los contratos de operación estaba en manos de un solo grupo empresarial que habían sido otorgados sin cumplir a cabalidad los procesos de licitación y con tarifas diferentes a los valores del mercado.
Se trata del Grupo Merco – con sucursales en EEUU (Florida), Venezuela y Ecuador – compuesto por veintidós empresas, entre ellas, Consorcio Merco Logistic Group, Opermec Andinos, Ingeopro y Servitransa, que concentraban las labores estratégicas de Monómeros generando una dependencia operacional inconveniente y un alto riesgo, que la nueva directiva decidió terminar.
En 2011 le habían sido adjudicados en forma directa contratos en las áreas de mantenimiento (mecánico, eléctrico, etc.), logística, alquiler de equipos, operaciones portuarias, transporte, etc., que luego fueron renovados en 2015 por tres años más en supuestos procesos licitatorios donde solo participaron las empresas del grupo Merco. En 2017, fueron renovados de forma anticipada con ajuste de precio por tres años más, excediendo los lapsos establecidos por la propia junta directiva.
Monómeros estaba bajo el control de Pequiven, y por lo tanto de la Pdvsa roja-rojita de Rafael Ramírez, desde 2006 cuando Álvaro Uribe se la vendió a Hugo Chávez. Se trata de una empresa fundada en la presidencia de Carlos Lleras en 1967 y en la que estuvieron como socios el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP). En 1968 ingresó como accionista la empresa holandesa Stamicarbon, y en 1985 se transformó en una multinacional andina, al acogerse al Acuerdo de Cartagena. En 2006 las empresas colombianas Ecopetrol e IFI vendieron sus acciones a Pequiven, así como también los holandeses, quedando como únicos socios los venezolanos.
Entre las primeras medidas de la directiva de Guaidó que tomó posesión en abril de 2019, luego del reconocimiento de Duque a la presidencia de Guaidó, estuvo la de actualizar la política y los procedimientos de licitación en busca de mayor transparencia y diversificación. La lista de proveedores y contratistas aumentó en mas de 300 empresas, incorporando compañías de larga y reconocida trayectoria en la región.
Sorpresivamente, el senador Name ha dejado de apoyar a la nueva administración de Monómeros, que ahora considera un peligro para Colombia, y ha desatado una campaña de opinión que, por supuesto, ha sido recibida con beneplácito por la maquinaria comunicacional del régimen de Maduro.
El senador Name entró en política siguiendo los pasos de su padre José Name Terán, uno de los caciques políticos de la región, fundador del Partido de La U de Álvaro Uribe en 2005, considerado por muchos como símbolo del clientelismo y de la política regional tradicional. La familia Name desarrolló un emporio en torno a las concesiones de infraestructura. José David Name militó en el partido de La U, durante los ocho años del gobierno de Santos, para ser luego uno de los primeros en saltar a la coalición de gobierno encabezada por Duque. En 2012, la Corte Suprema le abrió una investigación por sus presuntos vínculos con el bloque norte de las autodefensas que operaba en el departamento del Atlántico.
Sin duda, se trata de un perfil ideológico y político muy diferente al de quienes administraron Monómeros en la era chavista y luego en la madurista que, sin embargo, no le impidió al senador salir en defensa de una gestión cuestionada pero que tenía como principal proveedor y contratista a la empresa de su amigo personal y financista, Reginaldo Pérez.
Se le ve la costura al senador Name.
Hemos sabido que la actual directiva ha solicitado una investigación ante las autoridades competentes de Colombia. La gestión de Monómeros, como empresa pública, debe ser transparente y estar sometida al escrutinio de los ciudadanos. Cualquier supuesta irregularidad tiene que ser investigada y aclarada.
