Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de «falta de prevención» en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude y el lavado de dinero, algunos han pedido su introducción en una esfera completamente diferente: los derechos humanos. Con información de JDSupra.
El mes pasado, el Institute of International and Comparative Law publicó un informe que describe su visión de cómo podría funcionar el modelo para castigar a las empresas consideradas responsables de abusos contra los derechos humanos en su cadena de suministro.
La afirmación central del Informe es que legislar para castigar el fracaso corporativo para prevenir abusos contra los derechos humanos proporcionará seguridad jurídica con respecto a las obligaciones de derechos humanos que enfrentan las empresas y los alentará a tomar medidas para protegerse contra los abusos en su cadena de suministro.
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La propuesta
El Informe propone la transposición del delito de la Ley de Soborno de la sección 7 en una nueva legislación de derechos humanos, dirigida a las empresas que realizan negocios en el Reino Unido, independientemente de dónde se produjo el daño. El análisis define los derechos humanos en general como todos los derechos humanos «internacionalmente reconocidos», incluidos los derechos ambientales.
Las empresas serían responsables de sus propios fracasos y los fracasos de aquellos con quienes tienen una «relación comercial». Sin embargo, sería una defensa para las empresas demostrar que tenían procedimientos establecidos, considerados «razonables en todas las circunstancias», diseñados para prevenir el abuso de los derechos humanos.
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A diferencia de la legislación contra el soborno, la imposibilidad de prevenir abusos contra los derechos humanos solo atraería responsabilidad civil, no penal. De esta manera, las víctimas obtendrían una compensación adecuada a través de recursos civiles que no están disponibles en los tribunales penales.
