Las dimensiones del derecho a la democracia y del propio test democrático interamericano que perfilan las «líneas rojas» que no pueden ser transgredidas por los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), están en jaque debido a la crisis generada a nivel global por la pandemia de Covid-19 desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificara como Emergencia de Salud Pública y posteriormente como pandemia. Esta pandemia afecta de manera directa el goce de los derechos humanos, principalmente a los grupos vulnerables y marginados. Como lo advierte Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí. En América latina, conforme a la CEPAL, la debilidad institucional (Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y partidos políticos) junto a la crisis geopolítica y la redistribución del poder económico, político y militar implicaría un aumento en la falta de confianza de la ciudadanía si los Estados no son capaces de una respuesta adecuada a la COVID-19. Otra mirada puesta en el eje de la crisis como una oportunidad, sin duda debe construirse un consenso para enfrentar los retos y alcanzar «un potente antídoto contra el virus invisible que es el populismo». Una de las claves puede emerger, precisamente, del reforzado escrutinio bajo el lenguaje de los derechos humanos y los estándares de una sociedad democrática.
El test democrático interamericano está expresamente tipificado en la interpretación conjunta de los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la consolidación democrática regulados en los Arts. 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), en concordancia con el corpus iuris. Los elementos esenciales de la democracia representativa se manifiestan en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (Art. 3). Asimismo, los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia abarcan la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa (Art. 4).
Dichos elementos y componentes van acompañados de una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos según los Arts. 7 y 8 de la CDI. Efectivamente, el Art. 7 de la CDI regula que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Art. 8 de la CDI establece en su párrafo segundo que los «Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio».
En el contexto de la pandemia de Covid-19 el principio de transparencia adquiere una dimensión reforzada en el cumplimiento de las líneas rojas contenidas en el test democrático interamericano. Hay que resaltar que al Secretario General de la OEA, conforme al Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), le han sido notificadas las declaratorias de los de estados de excepción que implican suspensión y/o restricción de derechos, que ascienden a un total de once países latinoamericanos. En la Resolución CP/RES. 1151 (2280/20), el Consejo Permanente de la OEA, en la sesión extraordinaria virtual celebrada el 16 de abril de 2020, en su numeral 4 dispone: «Reiterar el imperativo de que los Estados Miembros defiendan los principios democráticos, garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y la transparencia y prevengan toda forma de discriminación, incluyendo el racismo y la xenofobia, en su respuesta a la crisis». La OEA también promulgó la Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante la COVID-19 en las Américas, mediante la cual identifica la transparencia como uno de los elementos constitutivos de la base de un Plan de Emergencia o Contingencia.
El énfasis debe ponerse en las reacciones y acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apuntan al cumplimiento de su mandato transformador en torno a la promoción y protección de los derechos humanos y ha reiterado sus estándares en cuanto la necesidad de transparencia. La CIDH creó una Sala de Coordinación y Respuesta oportuna e Integrada a la COVID-19 llamada «SACROI-COVID 19» y asimismo llevó a cabo el lanzamiento de un sitio multimedia que facilita el acceso, entre otros, a estándares, indicadores, avances, recomendaciones. Otra iniciativa relevante para la propia transparencia institucional de la CIDH está dada en los boletines (15 boletines publicados entre el 9 de abril y el 24 de abril de 2020.
La CIDH, en su Resolución 01/20, no deja de pronunciarse sobre la transparencia y el
acceso a la información pública respecto de la pandemia. Dentro de las recomendaciones referidas a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), la N° 6 afirma que los Estados deben «Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben se transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos». En la recomendación 34 sostiene que «Los gobiernos y las empresas de Internet deben atender y combatir de forma transparente la desinformación que circula respecto de la pandemia». En la recomendación 36, la CIDH hace hincapié en el deber de los Estados de «transparentar las herramientas de vigilancia que están utilizando y su finalidad, así como poner en marcha mecanismos de supervisión independientes del uso de estas tecnologías de vigilancia, y los canales y mecanismos seguros para recepción de denuncias y reclamaciones».
En la Declaración 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 9 de abril de 2020 sobre Covid-19 y Derechos Humanos, se advierte que «Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia».
La pandemia de Covid-19 genera impactos interseccionales en los derechos humanos. Salvaguardar el derecho a la vida, la salud e integridad personal, tiene impactos en el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros DESCA. Asimismo, con la finalidad de contener y mitigar la pandemia, las medidas de distanciamiento social generan la restricción del pleno goce de derechos como el de reunión y la libertad de circulación. La Comisión y la Corte Interamericanas reiteran el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en tanto que «las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben cumplir los principios de temporalidad, legalidad, razonabilidad, necesariedad, proporcionalidad al igual que los objetivos definidos conforme a criterios científicos, en definitiva, con los requisitos desarrollados en el orden público interamericano… «. Por ello, el test democrático establece las líneas rojas para abordar la(s) crisis (COVID-19 + las crisis globales y simultáneas en lo político, social, económico, climático). Ahora más que nunca, para cumplir el nunca más de las violaciones masivas de los derechos humanos, la transparencia rige como una línea roja de alerta máxima en la sociedad poscovid.
