Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en finanzas hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza. Con información del diario La Jornada.
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Así, por ejemplo, entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó sólo 10 denuncias por este delito ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras en 2019 las que interpuso sumaron 43.
La FGR también ha incrementado el número de sus investigaciones por lavado de dinero. Entre 2016 y 2018 presentaron 31 denuncias y tan sólo en 2019 se acumularon 33.
Estos datos son parte de la respuesta a una solicitud pública hecha ante la FGR en la que se requirió la información estadística desglosada de denuncias relacionadas con el lavado de dinero por fecha, estado de la República, medio por el cual fueron hechas dichas denuncias, incluyendo primer contacto y seguimiento y cuántas de ellas fueron ratificadas.
Aunque la respuesta de la FGR no agota todas las peticiones de la solicitud debido a que no hay registros disponibles o no se cuenta con niveles de desvinculación específicos, sí se destaca que la Ciudad de México es la entidad en la que más casos de lavado de dinero se han denunciado por parte de la UIF.
El año pasado la capital del país tuvo 16 casos presentados, seguida por Tamaulipas con 12 y Nuevo León con cinco.
Sobre la información presentada por la FGR, no se descarta el número de denuncias levantadas en cada entidad, sólo se apunta que esta dependencia ha interpuesto cargos por lavado de dinero ligados con casos de delitos contra la salud y tráfico de drogas, mediante sus unidades especializadas en investigación de ilícitos cometidos por parte de servidores públicos y contra la administración de justicia, además de la dedicada a perseguir los de orden fiscal y financiero, siendo este último el que más casos llevó el año pasado, con un total de 29.
Desde el inicio de la actual administración se anunció un cambio en la política de seguridad pública, que dejaría de lado los operativos policiales y el uso de la fuerza para buscar ahora golpear la base económica de los grupos de la delincuencia organizada.
Para eso se hicieron cambios legales en materia de extinción de dominio, combate la corrupción y al robo de hidrocarburos que dieron a la FGR y a la UIF mayores atribuciones para recabar información financiera y congelar cuentas bancarias, así como bienes.
