Acceso a la Justicia y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), alertan a la colectividad venezolana y a la comunidad internacional sobre el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela a partir de la declaración del estado de alarma por el régimen de Nicolás Maduro el 13 de marzo de este año. Lo que debería ser una situación que una al país para el control de la pandemia, y preservar la salud de la población, se ha convertido en un instrumento político de control y abuso contra la población.
Régimen usa pandemia para restringir derechos civiles y políticos
Antes de la pandemia, como ha sido evidenciado por los informes de los organismos internacionales (Alto Comisionado y CIDH), la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela eran sistemáticos, en un contexto de ausencia de democracia y emergencia humanitaria compleja. Esta situación se ha agravado, aún más, con la declaración del estado de alarma por razón del Covid-19.
Un estado de excepción no implica la derogación o supresión de los derechos humanos sino su limitación temporal, con el objetivo de superar una situación, la pandemia, que requiere medidas extraordinarias. La Corte Interamericana ha señalado que «la suspensión de garantías no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia» y que «resulta también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción» (OC 8/87). No menos importante es lo señalado por la Corte en el sentido de que las medidas adoptadas serían ilegítimas «si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder». En consecuencia, es un requerimiento de todo estado de excepción la delimitación clara de sus alcances y que sus restricciones sean proporcionales a la situación que se quiere mitigar.
Informe de la CIDH insta a garantizar los DDHH ante gestión de la crisis por Covid-19
En el caso venezolano estas condiciones no se cumplen. El decreto que estableció esta modalidad de estado de excepción tiene graves vacíos, uno de ellos respecto de las actividades sujetas a la suspensión de actividades laborales. Por ejemplo, no se incluyó a los medios de comunicación, a pesar que el derecho a la información no es susceptible de restricción de acuerdo a la Constitución. En relación con el derecho a la libertad de tránsito, que puede ser susceptible de restricciones según el decreto, no señala quienes serían las autoridades que determinarían tales limitaciones, ni cómo deben hacerlo, ni dentro de qué marco pueden actuar. Esta omisión ha generado un caos normativo en el que alcaldes, gobernadores e incluso autoridades militares, han emitido toda suerte de «decretos», normas y regulaciones de todo tipo, incluyendo sanciones, en violación del principio de legalidad, dentro de las que podemos encontrar privaciones a la libertad personal sin debido proceso y sin control por parte de autoridad judicial alguna, aplicada a personas que no cumplen las recomendaciones por distintas necesidades, o a quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica.
Todo ello ante el silencio cómplice del sistema de justicia, dando pie a una arbitraria cantidad de «regulaciones» por redes sociales, obviando el principio de publicidad de las normas en los órganos de comunicación oficiales, quedando los ciudadanos sujetos a disposiciones que solo pueden obtener si tienen acceso a internet, a pesar de que este servicio no llega a gran parte de la población.
De este modo se establecen serios límites tanto a las actividades comerciales como al libre tránsito sin que la ciudadanía tenga certeza de cuáles son los órganos competentes para dictar tales regulaciones ni dónde pueden tener información fidedigna de las mismas, ni cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento de acuerdo a la ley. La ausencia de lineamientos claros ha dado pie a todo tipo de irregularidades por parte de funcionarios inescrupulosos, generando un caldo de cultivo para la arbitrariedad y la corrupción.
