El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso (PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. Con información de El Tiempo Latino.
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Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que «los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso», cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.
El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con «la intención y con el propósito principal de presentar una demanda».
El magistrado explica en su decisión que «el propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios», escribió el juez.
David Boies, [jefe del escritorio que resultaría beneficiado de la demanda por ser parte de PDVSA US Litigation Trust] habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Los detalles
La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos 10 mil millones de dólares por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada por Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
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En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G, Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.
Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.
La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.
Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA.
La demanda alega que los acusados saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó «sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos».
Lo que dijo David Boies a los jueces
El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable «para darle transparencia a la demanda» porque había «una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podrían ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella».
Boies explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las facciones políticas. «Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte».
Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa.
El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que «PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte».
Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.
Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. «Si se tiene evidencia competente de que alguna de las firmas es genuina y legítima, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación».
La defensa respondió que «para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal». Por ende, la defensa argumentó que «el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse».
La conspiración
La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.
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PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.
La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del «Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en EEUU» del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Boies presentaron una versión diferente del documento.
Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York. Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.
En el documento denominado «Acuerdo del Fideicomiso» dice que dicha figura fue creada «por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA». Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.
Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de confianza.
La millonaria aspiración
Los demandantes aspiraban encausar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.
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Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos 10 mil millones de dólares, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.
PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.
También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Boies terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de Venezuela.
Intimidación y soborno
La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.
Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.
La operación
Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.
Los demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.
Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.
El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.
Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.
Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.
De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra de productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.
Rechazo de la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.
En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en Estados Unidos.
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Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para «autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela».
El Poder Legislativo Nacional acordó «Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del PDVSA US Litigation Trust se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso».
«Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el PDVSA US Litigation Trust haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió».
«Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público».
«Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar».
