La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto social y económico sin precedentes a nivel mundial. Las economías se estancan, los trabajos y los medios de vida se pierden a escalas nunca vistas. Sociedades enteras se ven afectadas por esta crisis de salud pública. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, está alarmada por la situación cada vez más desesperada de las personas desplazadas por la fuerza por los conflictos y la violencia, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, que actualmente albergan a más del 85 por ciento de la población refugiada mundial. Así lo reseña un informe de ACNUR.
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La evidencia del impacto económico profundo e implacable que ha producido la crisis en las personas refugiadas es abrumadora.
América Latina enfrenta varias de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Más de cinco millones de personas venezolanas han huido. Hay casi ocho millones de personas colombianas desplazadas internas, 340.000 personas desplazadas internas en el norte de Centroamérica y más de 100.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses.
La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en América Latina viven en zonas urbanas o en las fronteras. Muchas trabajan en el sector informal, a menudo sin redes de seguridad social. Las medidas de confinamiento las han dejado con una pérdida repentina de ingresos. Según los datos de la Agencia (2019), el 80 por ciento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo venezolanas entrevistadas en ese momento dijeron que estaban trabajando sin ningún acuerdo contractual, y muchas dependían de la economía informal para sobrevivir.
Ahora sin poder pagar el alquiler ni comprar alimentos o medicinas, muchas personas corren el riesgo de quedarse sin hogar o ya están siendo desalojadas de sus viviendas. El número de personas venezolanas desamparadas y sin hogar aumenta día a día en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Algunas están recurriendo ahora al sexo por supervivencia, mendigando o vendiendo en las calles. Otras personas corren el riesgo de ser víctimas de traficantes y grupos armados ilegales.
Con el miedo creciente y los disturbios sociales, la xenofobia y la discriminación en toda la región también están en aumento. Las personas refugiadas que intentan llegar a fin de mes en las calles o en el sector informal a menudo no pueden cumplir con las medidas de cuarentena y son objeto de chivos expiatorios, estigmatizados o corren el riesgo de ser detenidas.
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En las últimas semanas, también hemos visto que algunos venezolanos están intentando regresar, ya que no pueden cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica. ACNUR está ampliando la respuesta para mitigar el impacto de la COVID-19 en esta población, brindando apoyo en efectivo adicional, aumentando la capacidad de los albergues y trabajando con los Gobiernos y socios en la inclusión de personas refugiadas y migrantes en los programas de protección social.
