Las autoridades de todos los Estados de las Américas deben evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para «proteger» a la población del COVID-19; dijo Amnistía Internacional, después de que su proyecto Evidence Lab y especialistas regionales verificaron casi 60 casos en la región en las últimas siete semanas que apuntan al uso de tácticas arbitrarias, represivas y punitivas por los gobiernos.
Los periodistas y médicos detenidos en Venezuela en medio de la pandemia
«Las imágenes grabadas en todo el continente americano que hemos verificado desde finales de marzo contienen indicios preocupantes de que los gobiernos están volviendo a recurrir a formas de represión que documentamos en 2019 y anteriormente; esta vez para hacer cumplir las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia», ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.
En algunos videos verificados por Amnistía Internacional se ve a la policía recurriendo con frecuencia a castigos humillantes y degradantes en contra de quienes incumplen el confinamiento.
Un ejemplo de Venezuela en un video publicado por Freddy Cimino, refleja una tendencia observada en múltiples países, entre ellos Paraguay y República Dominicana.
Protestas y saqueos se extienden en Venezuela ante el hambre y la escasez de servicios
En abril, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de posibles hambrunas de «dimensiones bíblicas» debido a la repercusión económica del COVID-19, y nombró los 10 países con mayor riesgo, entre ellos Haití y Venezuela.
Amnistía Internacional ha visto a personas manifestándose por la falta de acceso a alimentos, agua y saneamiento en varios países durante la pandemia.
En Venezuela, donde una crisis humanitaria ha llevado a casi cinco millones de personas a huir del país, a pesar de la cuarentena, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en abril hubo 150 manifestaciones para pedir alimentos y 464 para reclamar acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En algunos casos, como en este video de Venezuela, hay indicios de uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver las manifestaciones, compatibles con la política de represión generalizada que viene aplicándose al menos desde 2017 para silenciar la disidencia.
Cuarentenas obligatorias en condiciones inhumanas
A mediados de abril, en el contexto de la pandemia, unas 6.000 personas venezolanas refugiadas volvieron a Venezuela de los países vecinos que las acogían, como Colombia, Perú y Ecuador, ante la precariedad del trabajo y la falta de seguridad social; estas personas han sido ubicadas en unos 97 centros y obligadas a guardar una cuarentena y a sufrir condiciones precarias y estigmatización. De acuerdo con varios informes, al momento de esta publicación, unas 33.000 personas venezolanas habrían regresado a su país en respuesta al COVID-19.
En otro video se ve a personas venezolanas que habían regresado de Colombia protestando por la cuarentena en un recinto deportivo cerrado en Pueblo Nuevo, Táchira.