La mayoría del país ha sido víctima del desastre y la violación sistemática de los derechos humanos. La negociación planteada por Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional (AN) con respaldo de la comunidad internacional, para dar paso a un gobierno de emergencia que atienda la crisis humanitaria, agravada con la amenaza de la pandemia, es el inicio de la desescalada hacia la transición democrática.
Quiero refrescar la memoria sobre la escalada represiva que han estado resistiendo los diputados de Venezuela.
Desde su elección en 2015, cuando 14 millones de venezolanos eligieron a la Asamblea Nacional que hoy preside Juan Guaidó, los ataques por parte del régimen de Maduro no han cesado. Apenas unos días antes de la instalación del nuevo parlamento, los diputados del Psuv nombraron de manera ilegítima a trece magistrados del actual Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya primera medida fue declarar en desacato y desconocer al nuevo Poder Legislativo para tratar de usurpar sus funciones a través de 19 sentencias y al final convalidar la ilegal e inútil Asamblea Constituyente.
El autócrata, con la represión y la violencia de grupos paramilitares, ha mantenido un sabotaje permanente a la sede parlamentaria. Desde cortes del servicio de agua y electricidad hasta la suspensión arbitraria del presupuesto de funcionamiento, por lo que diputados principales, suplentes y algunos trabajadores, se quedaron sin sueldo.
El artículo 192 de la Constitución Nacional establece que la dedicación de los parlamentarios a su labor debe ser exclusiva. El presupuesto de la AN depende de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Ministerio de Finanzas que mantienen bloqueados los fondos, por lo que los diputados no perciben sus salarios desde el año 2016.
El régimen ha abierto, a los diputados de la mayoría, procedimientos judiciales – inclusive en tribunales militares – violando el derecho al debido proceso y allanando la inmunidad parlamentaria, ha amenazado y secuestrado a sus familiares, anulado sus pasaportes e ilegalizado a los partidos políticos, entre otras agresiones y violaciones de derechos humanos.
En los últimos cuatro años, 59 diputados han sido víctimas de persecución política. Debido a serias amenazas de detención o contra su integridad física, 33 se encuentran en el exilio, en la clandestinidad o refugiados en embajadas. Esta cifra es el equivalente al 35% del total de 167 parlamentarios de la AN.
La represión y violencia del régimen de Maduro hacia los diputados de la oposición registra episodios escandalosos cuyas imágenes han recorrido el mundo. Uno de ellos es el asalto al parlamento por parte de paramilitares armados con la complicidad de la GN – encargada de la seguridad del recinto – y la agresión al presidente de la AN Julio Borges por parte del coronel Vladimir Lugo, hechos ocurridos en 2017.
El 5 de enero de este año, la Guardia Nacional y el Sebin impidieron la entrada de los diputados y del presidente al Palacio Legislativo, para obstaculizar la sesión en la que se elegiría la directiva para el nuevo período. Este vergonzoso momento quedó registrado para la historia con la gráfica del presidente de la AN Juan Guaidó intentando saltar la verja del parlamento al tiempo que era agredido por los militares.
Previamente, Maduro había puesto en marcha la Operación Alacrán (plata o prisión) por medio de la cual se presionó a algunos diputados de la oposición para tratar de constituir una AN paralela. Finalmente, un número reducido de parlamentarios investigados por el caso de corrupción de las cajas Clap del boli-burgués Alex Saab, aceptaron el soborno y saltaron la talanquera. Violando la Constitución y el Reglamento de la AN, con la complicidad de militares y esbirros del régimen, tomaron por asalto el parlamento e impusieron ilegalmente una nueva directiva encabezada por Luis Parra, sin tener el quórum reglamentario.
El asedio al Poder Legislativo y a los diputados ha sido tan grave que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Unión Inter-Parlamentaria Mundial han emitido pronunciamientos, resoluciones con medidas cautelares y medidas de protección para garantizar a los diputados venezolanos el derecho a la vida, al debido proceso y a ejercer plenamente sus funciones, en los casos comprobados de tortura, intimidación, arrestos arbitrarios y violación a la inmunidad parlamentaria, entre otras agresiones del régimen de Maduro a los representantes del pueblo.
Perseguidos y amenazados – ellos y sus familias -, sin inmunidad, sin sueldo y con los partidos ilegalizados. Esta es la precaria situación de los diputados venezolanos. Sin embargo, siguen en pie de lucha enfrentando a la dictadura.
Más allá de los errores o aciertos que ha tenido la Asamblea Nacional, se trata del único poder público legitimado y reconocido por la comunidad internacional. Debemos apoyar a los diputados, que a pesar de los constantes ataques del régimen, continúan en resiliencia. No se trata de darles un cheque en blanco. Hay que estar atentos al cumplimiento del Estatuto de la Transición y de todas las normas que obligan a la transparencia en el uso de los escasos fondos públicos que están bajo la administración del gobierno interino.
Los que hablan de tregua, ¿A quién se la piden? ¿A las víctimas del autócrata? ¿Qué quieren? ¿La rendición de uno de los pocos sectores de la sociedad que se mantiene resistiendo, a pesar de los 390 presos políticos y de los 5.400 activistas detenidos de los cuales 3.900 sufren medidas cautelares? ¿A pesar de los perseguidos y exiliados, de los secuestrados, de los inhabilitados y los asesinados?
Sin importarle el riesgo a un estallido social por el hambre y las carencias de todo orden que padece la mayoría del país, Maduro ha respondido a quienes le hablan de negociación y tregua, que su prioridad es mantenerse en Miraflores como sea y que de allí lo sacarán muerto.
Frente a la calamidad pública que sufre Venezuela, la mayoría, que anhela una salida lo menos traumática posible, ve en la hoja de ruta presentada por Juan Guaidó y la comunidad internacional el único camino viable para dar paso a un gobierno de emergencia nacional, que atienda la gravísima crisis humanitaria y sanitaria que padece el país y facilite la celebración de elecciones libres e independientes con observación internacional, como primer paso hacia la plena vigencia de la Constitución y la democracia.
