La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, del 5 al 8 de febrero, una histórica visita in loco para monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela. La visita, que estaba inicialmente programada para realizarse entre los días 4 y 7 de febrero en las ciudades de Caracas y Maracaibo, se realizó en la ciudad de Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela, tras la negativa por parte de las autoridades venezolanas del ingreso de la CIDH al país.
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La Comisión reafirma de la manera más enérgica su rechazo a ese impedimento, recordando que es propio de regímenes autoritarios denegar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos, y agradece la apertura y el apoyo brindado por parte del Estado de Colombia para realizar la misión.
Por otra parte, la CIDH observa que Colombia ha recibido más de 1.6 millones de migrantes de Venezuela, convirtiéndose en el mayor receptor de personas venezolanas. Por tal motivo, la visita tuvo un particular énfasis en la situación de los derechos humanos de las personas forzadas a abandonar su país como resultado de la grave crisis social, política y de derechos humanos en Venezuela.
Crisis humanitaria
En su visita a la frontera, la Comisión Interamericana constató con extrema preocupación los graves efectos de la crisis humanitaria como factor de desplazamiento de millones de personas venezolanas. El fenómeno migratorio venezolano representa actualmente uno de los más grandes desafíos en materia migratoria y de asilo en la región. A la fecha, el número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al país, asciende a más de 4,9 millones de personas venezolanas, de las cuales más de 1,77 millones se han desplazado específicamente a Colombia, donde se encuentran bajo distintas situaciones migratorias, según los datos de la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V). Asimismo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por ACNUR y la OIM, el número de personas migrantes y refugiadas venezolanas podría ascender a más de 6.5 millones de personas para finales de 2020, incluidos 1.9 millones de niñas y niños, en comparación con 1.18 millones registrados en 2019 por UNICEF.
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La Comisión pudo observar y recibir testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras. En vista de los riesgos particulares que enfrentan estos colectivos, que los sitúa en extrema vulnerabilidad con afectaciones a sus derechos humanos, la Comisión considera que el impacto de la migración forzada debe encararse con una visión diferenciada.
A partir de la información recabada durante la visita, incluyendo numerosos testimonios y reuniones con diferentes actores, la CIDH pudo observar que la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela encuentra su origen en múltiples factores y variables; de ahí que sea caracterizada como una crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional. Según informaciones, entre sus principales características están la incidencia convergente de factores económicos, sociales, institucionales, como: la contracción de la economía con hiperinflación; la interrupción frecuente de servicios públicos como la electricidad, el agua potable, el alcantarillado y el gas; el deterioro acelerado de los servicios de salud; una grave crisis de inseguridad alimentaria; la escasez de medicinas, en especial para enfermedades crónicas; la inseguridad; la inestabilidad y persecución política; entre otros.
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De igual manera, en relación con lo anterior, la Comisión ha advertido sobre la existencia de una relación directa entre el deterioro del cuadro económico y social con la precaria situación de derechos humanos en el país, por ejemplo, como lo demuestra la encuesta periódica del Programa Mundial de Alimentos sobre la evaluación de seguridad alimentaria en el país, realizada entre julio y septiembre de 2019. De acuerdo con esta evaluación, cerca de un tercio de la población venezolana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria, de los cuales, el 7.9% de la población total vive en inseguridad alimentaria grave, es decir, 2.3 millones de personas.
