Las restricciones a los viajes y a la movilidad por causa del COVID-19 no están deteniendo el tránsito de personas que huyen de conflictos, los abusos a los derechos humanos, la violencia y las condiciones de vida peligrosas. Al mismo tiempo, las consecuencias económicas de la pandemia probablemente den lugar a un aumento del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas desde los países más afectados hacia destinos más prósperos, de acuerdo con un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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El último Informe de Investigación de la UNODC analiza escenarios posibles sobre cómo el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas hacia América del Norte y Europa pueden verse afectados por la crisis del COVID-19.
A través del Mediterráneo, personas migrantes y refugiadas del África Subsahariana y del Norte, del Oriente Medio y de Asia se encuentran atrapadas entre la necesidad de huir de los conflictos y la pobreza, los peligros del mar abierto, la reducción de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar y el riesgo de transmisión de COVID-19 ante la ausencia de condiciones básicas de salud e higiene durante su trayecto.
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Las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas durante los trayectos y en los campos de refugio han sido una gran preocupación por décadas, incluso antes de la crisis de COVID-19. La propagación de la pandemia y sus consecuencias probablemente pongan en peligro aún más la vida de estas personas.
A pesar del confinamiento en países europeos y las estrictas restricciones a la movilidad, el tráfico ilícito de migrantes a lo largo de las rutas de contrabando del Mediterráneo Central y Occidental ha continuado, entre otras cosas por causa de los continuos conflictos en la región. El flujo a través de la ruta del Mediterráneo Oriental disminuyó, probablemente afectado por las medidas de contención a lo largo de ésta.
El cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, sin embargo, puede ocasionar un incremento del tráfico ilícito de migrantes. Las personas tienen aún mayor necesidad de los servicios de los traficantes para cruzar las fronteras. Los cierres y las restricciones suelen propiciar el uso de rutas y condiciones más peligrosas, y un incremento en los precios de los servicios de los traficantes, lo cual expone a las personas migrantes y refugiadas a un mayor abuso, explotación y riesgo de trata.
Además, es probable que la recesión económica mundial traiga consigo un marcado aumento en las tasas de desempleo, incremente la trata de personas transfronteriza desde países que experimentan caídas sostenidas en los niveles de empleo. Esta misma tendencia pudo ser observada durante la crisis financiera global del 2007-2010, cuando aumentó el número de víctimas de trata procedentes de países particularmente afectados por el desempleo masivo y prolongado que eran detectadas en países con una capacidad de recuperación más rápida.
