Internet deficiente, falta de equipos, problemas para la movilidad, ataques de los cuerpos de seguridad del Estado, detenciones, censura, escasa seguridad laboral y hasta despidos son solo algunos de los obstáculos que han enfrentado los periodistas venezolanos para informar durante la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19. Así lo reseña un reportaje de Génesis Carrero Soto para El Pitazo.
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Las consecuencias, no menos de 60 ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información. Cifra en las que al menos concuerdan las organizaciones que defienden estas garantías constitucionales en el país. Sin embargo, los testimonios de quienes han debido narrar la noticia en estos días hablan más que los números.
Jorge González es corresponsal para el medio de TV digital Vpitv en la región de Los Llanos. Relata que en este momento la dificultad más importante para poder transmitir lo que pasa en su zona es el escaso, y en muchos casos nulo, acceso a Internet.
«Nos ha tocado improvisar, aprender además algunas cosas técnicas…Creo que la mayoría padecemos el tema (de las fallas) del Internet. En esta zona del país las señales telefónicas y el Internet son deficientes y cada vez la conectividad es más débil, lo que nos complica entregar el material», cuenta González.
El reportero explica que incluso ha tenido que darle orientaciones a sus fuentes para que puedan grabarse con sus dispositivos y dar declaraciones, ante la imposibilidad de hacer entrevistas en persona por la cuarentena. El periodista incluso narra la reinvención que implica trabajar desde su hogar: «Hemos tenido que improvisar escenarios y nos ha tocado recorrer varios rincones de la casa e incluso grabar en shorts o descalzo, pero con camisas que muestren la presencia delante de la cámara», expone.
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En el Oriente del país, la principal traba para los trabajadores de medios de comunicación es la movilización hasta los sitios en los que ocurre el hecho noticioso. Carlos Landaeta es reportero gráfico en el estado Anzoátegui y destaca que la mayoría prefiere reportear desde casa por la falta de gasolina.
El fotógrafo denuncia que otros reporteros ya han denunciado en redes que los funcionarios policiales no han respetado los salvoconductos de la prensa y les han impedido trabajar en la calle.
«Las informaciones, aunque no requieren despliegue, se han transmitido porque reporteros salimos a las calles a tratar de documentarlas como podemos. Pero en lo que respecta a la seguridad, mientras más funcionarios hay en las calles mayor es el miedo a que haya algún tipo de altercado, porque una cosa es lo que se emana de los decretos y otra es lo que hacen los funcionarios en cada punto», relata Landaeta, quien también es presidente del Círculo de Reporteros Gráficos en Anzoátegui.
En Caracas, pese a ser la capital, la situación no es distinta. Maiker Yriarte es reportero de VivoPlay y cuenta entre las dificultades el contacto con los entrevistados para entregar las pautas de manera oportuna. La falta de gasolina es otra limitante, pues ya no puede moverse a la oficina y debe trabajar con los recursos con los que cuenta en casa.
«Yo no cuento con una computadora muy buena y he tenido que descargar una aplicación para editar videos desde el celular. Eso, sin duda, dificulta mucho el tema, porque no es igual y los equipos no rinden», asegura Yriarte.
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Ana Rodríguez, quien es corresponsal en Caracas para un medio internacional, también se refiere a la precariedad en el trabajo y la necesidad de «romper la cuarentena» y moverse a las oficinas para poder preparar y editar el material informativo que le solicitan.
Medios en jaque
«Las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia». Esta fue la solicitud expresa de los expertos de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en torno a la afirmación de que los Estados no deben usar las medidas de emergencia para reprimir los derechos fundamentales.
La petición se desprende de una exhortación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con fecha del 9 de abril de 2020, 27 días después de que en Venezuela se anunciaran oficialmente los primeros dos casos de COVID-19 en el territorio.
Pese a la recomendación, el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión está de primero en la lista de los más atacados y reprimidos en Venezuela. Hasta el 15 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas cuenta 62 ataques contra la libertad de prensa desde que empezó la cuarentena.
En su reporte, Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, detalló que los responsables de las agresiones fueron: GN 40 %; Conas 4 %; funcionarios de civil 12 %; desconocidos 8 %; PNB 12 %; Faes 8 %; Policía Municipal 8 % y civiles afectos a oficialismo 8 %.
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Datos del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) dan cuenta de 50 casos donde se vieron vulneradas las libertades informativas de medios de comunicación, trabajadores de la prensa y ciudadanos.
Ipys detalla en sus registros que «solo 22 casos han sido por la cobertura o difusión de información vinculada al COVID-19. 16 casos son agresiones físicas y 16 de abuso de poder estatal, donde se reseñan 11 detenciones arbitrarias» a trabajadores del los medios de comunicación desde el anuncio de que la pandemia llegó a Venezuela.
