La Asamblea Nacional condenó la proliferación de hechos violentos en medio de la pandemia del COVID-19, y acusó al régimen de Nicolás Maduro por permitir la tenencia, uso e importación ilegal de armas de fuego de guerra de bajo y alto calibre, municiones y explosivos. Con información de El Carabobeño.
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Los diputados sostienen que estas armas son utilizadas por bandas criminales comunes y colectivos terroristas paramilitares que pululan en las zonas populares de todas las ciudades, para generar zozobra en la colectividad venezolana.
Los parlamentarios destacan que la inseguridad es un flagelo que aqueja a toda la población en Venezuela, por lo que exigen el desarme total de estos grupos delictivos al margen de la Ley.
La diputada Yajaira Forero, calificó como grave que bandas criminales utilicen armas de fuego de alto calibre (fusiles de asalto, subametralladoras y granadas) en el entendido que son «las FAN los únicos que pueden tener bajo su posesión y control de este tipo de armamento».
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«¿Dónde sale este armamento?; ¿Dónde lo obtienen?; no creo que vayan al Fuerte Tiuna y pidan prestadas las armas, o soliciten que se las vendan», inquirió la diputada durante el debate sobre la inseguridad y la actuación de los colectivos terroristas en los sectores populares.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano citó el artículo 324 de la Constitución Nacional «que establece de manera meridiana que todo lo que respecta a las armas de fuego, su importación, exportación, almacenamiento, control, distribución y adquisición corresponde exclusivamente al Estado, el cual ejerce esta potestad a través del Ministerio de la Defensa».
«Indudablemente para que estos delincuentes puedan acceder a las armas, es necesario que haya complicidad del régimen, lo cual demuestra que perdió el control de la seguridad nacional, ya que no tiene un plan para proteger a la ciudadanía y neutralizar a estos grupos que azotan a la población», sentenció la legisladora.
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Solórzano ratificó la necesidad inmediata de establecer un Gobierno de Emergencia Nacional que dentro de sus prioridades desarrolle «planes de seguridad serios».
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Solórzano se refirió que a estos hechos se suman los protagonizados por colectivos paramilitares del barrio 23 de Enero en Caracas, donde un grupo de terroristas amenazan a la población, pretendiendo imponer el control por la fuerza a sus habitantes.
Asimismo, los hechos violentos ocurridos en el Distrito Capital, Carabobo, Bolívar y particularmente en el estado Miranda, donde bandas criminales lideradas por los delincuentes apodados «Wileixis» y «El Gusano», se disputan el control absoluto del barrio José Félix Ribas en Petare, municipio Sucre.
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La legisladora Yajaira Forero alertó que las acciones delictivas de las bandas del «Coqui» en la cota 905; «Tren de Aragua»; «Loco Leo» en el Valle de Caracas, mantienen el control y en zozobra de la población, donde ocurren constantemente múltiples enfrentamientos armados con los cuerpos de seguridad, «que no pueden neutralizarlos debido a que tienen una capacidad de fuego mayor a la que poseen los funcionarios policiales«.
El diputado José Gregorio Hernández también desestimó los supuestos «actos terroristas o invasiones armadas» develados por el régimen, los cuales calificó de «puro show», y, por el contrario, señaló que con ese tipo de eventos «las fuerzas de seguridad del Estado, sí tienen atención y disposición de toda la capacidad operacional militar para hacer frente a la situación, pero para contrarrestar la delincuencia interna no lo tienen».
Por su parte, el presidente encargado del gobierno legítimo de la República de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, culpó a la dictadura de Nicolás Maduro de instaurar un Estado fallido, que trajo como consecuencia; el incremento de la violencia e inseguridad ciudadana, por la ausencia del estado de derecho en el país. «La dictadura está sustenta por caos, desastre, masacres, desesperación. No les importa la vida de los venezolanos», sentenció a través del Centro de Comunicación Nacional.