No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la corrupción en medio de conspiraciones y traiciones. Todos los que hacen parte de la cleptocracia que se adueñó de Miraflores están bajo sospecha y vigilados por la lupa de G2 cubano.
Los allanamientos de oficinas y viviendas familiares, las retenciones por horas, por días, sin protocolo judicial y sin información pública, conforman parte de la estructura criminal de la disputa por el botín en el que han convertido al patrimonio de todos los venezolanos.
El pasado jueves, luego de dos días de rumores, confirmamos por la vía de varias fuentes confiables la retención y “alojamiento”, en una casa de Caracas utilizada por el Dgcim, de Simón Zerpa, vicepresidente de Economía y Finanzas, presidente del BANDES, director externo de Pdvsa, ex secretario ejecutivo del FONDEN y ex comisionado para el Fondo Chino Venezolano.
Durante la “entrevista” de varias horas que le realizaron los funcionarios, los temas habrían sido varios, entre otros, Pdvsa y Alex Saab. En cuanto a este último, al parecer, las preguntas fueron sobre un supuesto comentario imprudente que habría realizado el vicepresidente de Finanzas sobre el viaje secreto que Saab estaba realizando cuando fue arrestado en Cabo Verde.
Quiero recordar la estrecha relación que existe entre Saab y Zerpa. Estamos hablando, por un lado, del principal proveedor y contratista de Maduro y por el otro, de quien paga las facturas, que conoce muy bien el mapa financiero del régimen y por lo tanto, tenía información de las rutas y medios utilizados por Saab para vender los recursos de Venezuela (petróleo, oro, coltán, diamantes, etc.) a precio de remate y al mismo tiempo realizar compras especulativas de productos de mala calidad, cercanos a su caducidad y/o a altos precios (gasolina, alimentos, medicamentos, etc.). Alex Saab era el contratista vende tutti, el que compraba y vendía de todo, al tiempo que repartía comisiones, sobornos e inclusive parte del negocio.
Sin entrar en detalles, Saab, como proveedor exclusivo y principal contratista del Estado delincuente, así como operador financiero y testaferro de Maduro, es un componente clave de la estructura de poder en la que se soporta el régimen.
De manera que su extradición a EEUU y su enjuiciamiento, que se concretarían en los próximos días y que Maduro está tratando de evitar a como dé lugar convirtiéndolo incluso en funcionario público y otorgándole pasaporte diplomático, sería un golpe decisivo.
Las detenciones extrajudiciales con fines de extorsión política y/o económica que realizan los organismos de seguridad e inteligencia del régimen sobre altos funcionarios y sus enchufados o testaferros ya es común en el paisaje de la cleptocracia venezolana. Voy a recordar otros casos.
Una de las primeras detenciones exprés se produjo el 11 de diciembre de 2016. En horas de la noche de ese domingo se conoció de manera extraoficial que un banquero cercano al régimen – conocido como “el banquero rojo” – había sido detenido en Maiquetía e interrogado en la sede del Sebin en Caracas por más de dos horas antes de ser liberado. Según los periodistas que revelaron la información a través de redes sociales, la “entrevista” versó sobre aspectos pendientes en la intermediación del banquero en el intento del régimen de comprar una de las últimas televisoras independientes. En el pasado se había señalado su papel en la adquisición de otros medios como la Cadena Capriles (Últimas Noticias, El Mundo, Líder), para ponerla al servicio de la hegemonía comunicacional del autócrata Maduro.
En diciembre de 2017, una comisión del Dgcim por orden de Tarek W. Saab mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López, uno de los grandes beneficiarios de los ilícitos cambiarios de Pdvsa y los contratos de la emergencia eléctrica, cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ ilegítimo, Maikel Moreno, en conjunto con Raúl Gorrín, intercedieron a favor del jefe del grupo conocido como los boli-chicos. Previamente, el organismo militar había allanado las oficinas de Betancourt quien finalmente logró huir a Madrid.
El 15 febrero este año, se produjo la detención de Francisco Convit, otro boli-chico, también en el aeropuerto de Maiquetía desde donde pretendía viajar a la Isla de Margarita. Luego de dos días retenido en el Sebin, fue liberado y aún permanece en Venezuela de donde no puede salir porque tiene una orden de captura de la justicia de EEUU por su implicación en causas relacionadas con el lavado de dinero y la violación de la Ley de Prácticas Corruptas de ese país.
Otra detención peculiar, más no exprés, es el caso de Diego Salazar Carreño, operador de la red de corrupción que estableció en Pdvsa Rafael Ramírez, ahora enemigo de Maduro, que luego de varias horas de ruleteo por parte de los organismos de seguridad del régimen, terminó detenido en El Helicoide donde continúa preso.
Más recientemente, Franklin Durán quien estuvo involucrado en el caso del maletín de Antonini Wilson, convertido en uno de los operadores financieros de Maduro, fue detenido en extrañas circunstancias y acusado de ser un doble agente, de conspirar y traicionar a la “revolución” y por su supuesta financiación de la llamada Operación Gedeón.
Las detenciones exprés son utilizadas por Maduro y su entorno como parte de los ajustes de cuenta necesarios para mantener el control autoritario y hegemónico de Venezuela donde la institucionalidad democrática y la transparencia, que es su esencia, han sido aplastadas por la mentira de esta dictadura del hambre y la corrupción.
