De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de EEUU, Nicolás Maduro y sus asociados estarían usando actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos terroristas conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y simpatizantes de Hezbolá.
EEUU y la ONU investigan vínculos entre militar libio y régimen de Maduro
Lazos financieros con las FARC, ELN, y los grupos paramilitares venezolanos estarían facilitando la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen. El comunicado también apunta a una cooperación entre las FARC y el ELN en las áreas de control de carreteras y fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de drogas y oro ilegales.
Según los medios locales e internacionales, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela (principalmente en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira). La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más protagónico del ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando (gas, productos básicos, carne), extorsiones y la minería ilegal.
Los secretos de la alianza entre el régimen de Maduro, las FARC y el ELN
El presidente interino Guaidó condenó la complicidad de Maduro con el ELN y las FARC. En octubre, dijo que el régimen «promueve y protege el terrorismo, lo que representa un riesgo para la paz en la región». Dentro de la misma resolución, la AN designó oficialmente a las FARC, ELN, Hamas, Hezbolá e ISIS como organizaciones terroristas. Guaidó advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en un «estado fallido».
El régimen de Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre el terrorismo en Venezuela. La usurpación por parte del régimen del sistema judicial y los servicios militares para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la cooperación con bandas criminales, proporcionaron las condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen además usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia al Jefe de Gabinete de Guaidó y a varios diputados de AN de «terrorismo».
La corrupción también involucra a la emisión de pasaportes venezolanos y documentos de identificación. En diciembre de 2019, Estados Unidos sancionó a los directores actuales y anteriores de la agencia de pasaportes de Venezuela (Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración) a la luz de actividades como la venta de pasaportes de la agencia por miles de dólares, incluso a ciudadanos no venezolanos.
