La organización Kapé Kapé acaba de producir su informe 2020, “Minería ilegal en comunidades indígenas”, revelando que aunque parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela (BCV), fuentes como Transparencia Venezuela, señalan que por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al BCV, sale del país por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga, que se va hacia Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita, Turquía, entre otros. Así lo informa Sebastiana Barráez para Infobae.
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El informe de 52 páginas fue producido por el equipo de investigación que conformó Henry Gómez, Higinio Montiel, Ítalo Pizarro, José Naveda, Melquiades Ávila y Simeón Rojas con asesoramiento de Carmen Teresa Peña, Faustino Rodríguez e Isabelina Rodríguez. Contaron con la colaboración de las Comunidades Indígenas.
Revelan que “en el caso del Coltán denominado Oro Azul, mineral de alto valor comercial y gran demanda en la industria tecnológica por sus propiedades (Primer Informe, 2020), y cuyas minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar, la Organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está teniendo su explotación y su consecuente contrabando, el cual finaliza en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y Mercados del Medio Oriente”.
Considera Kapé Kapé que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal, lo cual “solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”.
Destaca el informe, como un fracaso, medidas como el Plan de Ahorro en Oro, a través del cual el Estado venezolano invitó a la población a comprar pequeños lingotes de oro al Banco Central de Venezuela, como fórmula de ahorro.
Dice el informe que “la venta de los lingotes de oro se vendía con una importante prima de diferencia respecto al precio del oro a nivel internacional. Así mismo, el país ha liquidado parte de sus reservas en oro para hacer frente al pago de préstamos y operaciones con bancos internacionales, y finalmente parece una burla en medio de la crisis existente, la pretensión del Estado de estimular el ahorro de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades elementales”.
En cuanto al llamado Plan Minero Tricolor, “que implicaba la entrega de un yacimiento o mina a cada gobierno regional, así como la militarización de territorios indígenas en donde existiese oro y diamantes, este plan demostró la clara intención del gobierno de extender e intensificar, a través de la vía militar, sus acciones en la explotación minera del país, obviando además los derechos de los indígenas sobre sus territorios”.
Se lee que, según Transparencia Venezuela, “ninguno de los 24 estados del país ha logrado sacar provecho de sus recursos minerales a pesar de formar numerosos contratos de exploración conjunta con diversas empresas”.
Peor para niñas y adolescentes
La vida en el área que abarca el Arco Minero “versa en función del oro, allí la moneda nacional, el Bolívar, no existe, ni siquiera es una referencia comercial”.
Los mineros, del oro extraído, pagan a los molinos para su procesamiento, también a los grupos armados que controlan el territorio entre un 30 y un 50 %, y a otros grupos. Hay mineros que pagan hasta 80% a los llamados sindicatos. “Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar”.
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Es decir, todos pagan una “vacuna” o extorsión. El incumplimiento tiene consecuencias atroces en las comunidades indígenas. “Es natural que, en este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres”.
Si ya es difícil la situación que viven en la zona, peor es para las niñas y adolescentes “utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer”.
Las comunidades indígenas más afectadas, según Kapé Kapé, son las que habitan en el municipio Sucre y Gran Sabana de Bolívar, estado donde habitan aproximadamente 198 comunidades indígenas.
