La Administración de Control de Drogas (DEA) habría lavado decenas de millones de dólares en el curso de las investigaciones de tráfico de drogas en la última década, sin cumplir con las leyes que rigen tales operaciones, según una revisión recientemente publicada por el organismo de control interno del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ). Con información del diario Político.
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El inspector general del DOJ, Michael Horowitz, descubrió que la DEA no transfirió millones de dólares en ganancias de las operaciones completadas al Tesoro de Estados Unidos y no informó todas las operaciones encubiertas al Congreso como lo exige la ley.
En algunos casos, las transacciones financieras manejadas por la DEA facilitaron la compra de aeronaves por parte de las organizaciones de narcotráfico, pero aparentemente la DEA mostró poco interés en determinar cómo se usaron hasta que los auditores preguntaron sobre el tema.
La revisión de Horowitz se hizo eco de muchos de los hallazgos que alimentaron una controversia hace casi una década sobre una investigación federal de tráfico de armas conocida como «Operación Fast and Furious», que permitió a los presuntos traficantes comprar las armas para rastrear su recorrido.
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Las organizaciones de narcotraficantes «no solo están involucradas en el narcotráfico, sino que también participan en crímenes violentos y han sido vinculadas al terrorismo», apunta el nuevo informe. «Esto eleva los riesgos de que la participación de la DEA en actividades de lavado de dinero pueda apoyar inadvertidamente actividades criminales particularmente atroces. A pesar de estos riesgos, los funcionarios de la DEA y del Departamento expresaron la idea de que permitir que el dinero ‘camine’ no es tan riesgoso como dejar que las drogas o las armas ‘caminen'».
El informe también indica que la DEA a veces cambió el enfoque o la naturaleza de las operaciones encubiertas sin buscar las aprobaciones apropiadas de los superiores del DOJ. En un caso, se agregó un narcoterrorista como un nuevo objetivo «atípico» de un esfuerzo de lavado de dinero de la DEA, sin aprobación previa.
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El nuevo informe abarca tres años fiscales, de 2015 a 2017, pero algunas de las operaciones de lavado de dinero se remontan a la década de 1990 y el reporte sugiere el incumplimiento de los requisitos legales durante más de una década.
Se supone que la DEA debe informar anualmente los detalles de sus operaciones encubiertas al Congreso, pero no lo ha hecho desde 2006 o antes, descubrió el organismo de control.
