Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de activos públicos de funcionarios corruptos del gobierno venezolano y sus testaferros que han sido retenidos por gobiernos de todo el mundo, incluyendo el de Donald Trump. Con información de Univisión.
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Ahora, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, está acelerando sus esfuerzos para intentar recuperar ese dinero con el fin de ayudar a su empobrecida población a combatir la pandemia de coronavirus, además de una crisis de salud pública de larga data.
En ese contexto, el gobierno estadounidense está librando una batalla en los tribunales para mantener el control de cientos de millones de dólares de esas ganancias ilegales y que forman parte de un tesoro de activos confiscados en todo el mundo.
«Hay una obligación moral de examinar detenidamente este tema. La necesidad en Venezuela está aumentando y la corrupción es de una magnitud industrial», dijo Michael Camilleri, quien está redactando un informe sobre los fondos confiscados para Diálogo Interamericano, un grupo de expertos de Washington DC que promueve la democracia en América Latina.
Estimó que más de 1.000 millones de dólares en dinero robado se encuentra actualmente retenido en Estados Unidos, ya sea en cuentas bancarias congeladas o en fondos de confiscación del gobierno. La cifra retenida en cuentas podría ser del orden de los 24.000 millones de dólares, principalmente en Europa.
«Incluso si se pudiera recuperar una pequeña fracción de este dinero, sería una suma mucho mayor que la asistencia humanitaria total que la comunidad internacional ha podido reunir para Venezuela», dijo Camilleri.
Las autoridades estadounidenses señalan que la administración Trump ha aportado más de 610 millones de dólares desde 2017 para asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela, incluyendo a las agencias de las Naciones Unidas, para salud, nutrición y alimentación de emergencia.
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«Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha comprometido a encontrar una solución a la crisis provocada por el gobierno de Venezuela», dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado en el que anunció los últimos esfuerzos de la administración para presionar al régimen de Nicolás Maduro.
«La urgencia de esto se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la incapacidad del régimen de Maduro para prepararse y abordar adecuadamente la pandemia global de covid-19», añadió.
Casas de lujo, yates…
Hasta ahora las autoridades estadounidenses parecen hacerse de la vista gorda ante la creciente cantidad de dinero procedente del enjuiciamiento por parte de autoridades federales de importantes figuras venezolanas acusadas de soborno y lavado de dinero. En el proceso, las autoridades estadounidenses han decomisado cientos de millones de dólares en cuentas bancarias, casas de lujo, automóviles, yates y relojes caros.
Pero nada de ese dinero, resultado de la corrupción oficial que incluye el comercio de divisas y la malversación de fondos públicos de la empresa petrolera estatal, PVDSA, se le ha devuelto a Venezuela, en este caso las autoridades del gobierno interino de Guaidó.
La mayor parte del dinero ha sido recaudado por los Departamentos de Justicia y Tesorería de Estados Unidos y se mantiene en fondos especiales de confiscación que se utilizan principalmente para financiar investigaciones policiales.
Una pequeña porción del dinero se comparte con gobiernos extranjeros en casos en los que pueden demostrar que brindaron asistencia y merecen una parte de los ingresos. Pero, hasta ahora, Venezuela no ha recibido nada.
El año pasado, se destinaron unos 601 millones de dólares el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro a la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.
Para colmo, la situación se complica por la batalla pendiente por el control político en Venezuela, que enfrenta al régimen de Nicolás Maduro al gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el cual cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y la mayoría de las democracias occidentales.
Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, al cual el Departamento de Justicia ha acusado de corrupción masiva y narcotráfico. El gobierno de Guaidó, por otro lado, no tiene acceso al poder y no controla ninguna de las agencias de aplicación de la ley del país que puedan proporcionar asistencia en la aplicación de las leyes de Estados Unidos.
«¿Por qué Estados Unidos querría compartir algo con Maduro si él no coopera y el dinero lo robaron sus funcionarios gubernamentales en primer lugar?», dijo David Weinstein, un ex fiscal federal en Miami.
«En cuanto al nuevo gobierno, sería bueno ayudarlos, pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?», añadió.
«Una plaga de langostas»
En el proceso, Venezuela ha pasado de ser un rico país petrolero a uno de los más endeudados del mundo y donde se ha desatado una devastadora crisis financiera que ha llevado a más de cuatro millones de venezolanos a abandonar el país.
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«Al pueblo venezolano lo han jodido por todos lados. Estos malandros son como una plaga de langostas que descendió sobre las ricas y fértiles tierras venezolanas bendecidas por el petróleo y ha devorado todo, sin dejar nada», dijo Russell Dallen, un abogado radicado en Florida que sigue atentamente los asuntos financieros venezolanos.
Tan solo en un caso, una corte de Palm Beach condenó al exjefe del tesoro de Venezuela, Alejandro Andrade, a 10 años de prisión por lavar 1.000 millones de dólares procedentes de sobornos. Sus activos confiscados incluyen jets, una mansión de 4 milliones de dólares en Wellington, Florida, junto con una granja de caballos con 17 caballos de salto, una flotilla de vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias.
En Europa, principalmente en España y Andorra, también se han congelado sumas incluso más grandes, de entre 2.000 millones y 4.000 millones de dólares, producto de la presunta corrupción en la empresa estatal de electricidad.
«Esta es una caja de Pandora y no lo sabremos todo hasta el final», dijo Miguel Pizarro, comisionado especial para la ayuda humanitaria de Guaidó.
«Compraron los Ferrari y los Rolex, las mansiones y los palacios con el dinero del pueblo venezolano. Tenemos la legítima intención de recuperar ese dinero nuevamente», añadió.
Pizarro dijo que el gobierno interino de Guaidó ha comenzado el proceso legal para recuperar los activos saqueados mediante una propuesta de ley de recuperación de activos en la Asamblea Nacional. «Lo vamos a necesitar para la reconstrucción del país después de Maduro. Pero, para eso, necesitamos construir el marco institucional para poder interactuar con el resto del mundo y lo estamos construyendo ahora. Si no hacemos eso, otros países van a quedarse con nuestro dinero», dijo.
Fondos de confiscación
Las autoridades estadounidenses dicen que las confiscaciones ordenadas por la corte se envían a uno de dos fondos, uno administrado por el Departamento de Justicia y otro por el Departamento del Tesoro. La mayoría de los bienes incautados durante una investigación terminan en el Departamento de Justicia, mientras que los bienes sancionados, las multas impuestas por la corte y los impuestos adeudados, van al Departamento del Tesoro.
«Los fondos confiscados pueden devolvérsele a un país extranjero solicitante. Sin embargo, esa determinación se realiza caso por caso y en base a hechos específicos», dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
El fondo del Departamento de Justicia acumuló 323 millones de dólares en 2019, de los cuales 73 millones se compartieron con países extranjeros, casi 53 millones de dólares que se destinaron a Malasia, así como pequeñas cantidades que se enviaron a otras naciones, entre ellas Panamá, República Dominicana, Bahamas, Ghana e Islandia.
El Departamento del Tesoro dijo que anota formalmente los activos que ingresan al Fondo de Confiscación del Tesoro por país, nombre del acusado o nombre del caso judicial. Los fondos se utilizan para pagar investigaciones y gastos como dinero para recompensas, contratistas externos y almacenamiento de bienes incautados, como drogas, así como el pago de salarios de horas extras, viajes, combustible, capacitación y equipo.
Los ingresos también se comparten con otras agencias federales, agencias policiales estatales y locales y países extranjeros, según su nivel de participación en la investigación.
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«Parece ser la forma en que esto funciona», dijo Dallen. » Para ser justos, los estamos ayudando al limpiar las cosas allá. Están los costos del litigio y de mantenerlos a todos en la cárcel», añadió.
Un portavoz del Departamento de Justicia proporcionó un organigrama parcial de las sentencias financieras a los acusados condenados en casos relacionados con Venezuela en Nueva York, Miami y Houston por un total de hasta 1.500 mil millones de dólares, aunque las cantidades recaudadas no están disponibles públicamente.
