La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel país por la supuesta apropiación irregular de parte de su patrimonio. Uno de los investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que se hizo cargo del procedimiento hace unos meses, acaba de remitir al tribunal un escrito en el que asegura que PDVSA, representada en España por el bufete del exjuez Baltasar Garzón, está utilizando la causa con fines espurios. Así lo reseña un reportaje de El Confidencial.
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El autor del escrito es José Roberto Rincón, hijo del magnate del petróleo Roberto Enrique Rincón, que fue detenido en Estados Unidos en 2015 acusado de haber provocado un agujero en las cuentas de PDVSA de 1.000 millones de dólares mediante adjudicaciones ilegales. La Policía arrestó a su vástago en Madrid en junio de 2018 a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se le incautaron una finca de 400 hectáreas en Belmonte de Tajo (Madrid), una mansión en Pozuelo de Alarcón, cuatro coches de lujo y joyas, entre otros bienes, ante la sospecha de que esos activos fueron comprados con dinero de origen irregular y, por tanto, formarían parte de un esquema de blanqueo de capitales.
Roberto Rincón hijo niega la acusación y asegura que los 20 millones de euros que invirtió aproximadamente en las fincas y los coches proceden de actividades legales y denuncia que la querella de PDVSA que provocó la investigación responde a otros motivos. Por un lado, el industrial venezolano recuerda que el presidente de la compañía pública en el momento en que se interpuso la querella en España, Eulogio del Pino, fue detenido y encarcelado por corrupción por las propias autoridades del chavismo en septiembre de 2017. Lo mismo ocurrió con su sucesor en el cargo, Nelson Martínez, solo dos meses después de convertirse en el máximo responsable de la mayor empresa que opera en el país.
Los problemas de PDVSA con la Justicia no terminaron ahí. El dirigente chavista elegido por Nicolás Maduro para tomar el control de la empresa estatal en noviembre de 2017, Manuel Salvador Quevedo, decidió mantener la acción penal en España. Sin embargo, el propio Quevedo vio en febrero de 2020 cómo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo incluía en su influyente lista negra por delitos de corrupción y fraude. Todos sus activos en territorio estadounidense quedaron bloqueados.
Maduro colocó entonces al frente del ente petrolero a uno de sus vicepresidentes, Tareck El Aissami, que ya afrontaba acusaciones de narcotráfico en una corte de Manhattan desde marzo de 2019. Y el pasado abril, la OFAC amplió su lista negra con 34 embarcaciones y 15 aviones de PDVSA. Uno de esos aviones fue el que trasladó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de Turquía a Caracas justo después de reunirse en secreto con José Luis Ábalos en la pista de Barajas el pasado enero.
La defensa de Roberto Rincón señala que, frente a las dudas que existen sobre la legitimidad de PDVSA para ejercer la acusación en este procedimiento, no se ha demostrado por ahora la procedencia irregular de los fondos que usó para comprar sus propiedades en España. Reprocha a la Fiscalía que dé por hecho que el dinero estaba contaminado por los delitos cometidos por su padre sin aportar pruebas. Asegura que su familia sigue operando en Estados Unidos empresas del sector del petróleo y que el verdadero objetivo de la querella inicial fue una venganza por la reclamación de dos deudas.
Embargo en Portugal
En concreto, según el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Rincón Jr. apunta que una filial de la compañía representada en España por Baltasar Garzón, Bariven, debía en febrero de 2017 a su empresa familiar 177 millones de dólares. En noviembre de 2016, otra de las sociedades de los Rincón promovió un arbitraje en Holanda contra la petrolera venezolana por una deuda de 12 millones de dólares. Los árbitros dieron la razón a la familia en marzo de 2018 y provocaron el embargo de todas las cuentas bancarias que tenía PDVSA en la entidad Novobanco de Portugal, sucesora del desaparecido Espírito Santo.
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En agosto de 2016, comenzó un segundo arbitraje que aún está pendiente de resolución. El grupo de los Rincón reclama a Bariven 107 millones de dólares adicionales por servicios impagados. «Es curiosa la coincidencia de que PDVSA se querelle aquí, en España, contra la familia Rincón por una supuesta operativa de blanqueo de capitales con el devenir expuesto: una deuda multimillonaria de la petrolera venezolana con la familia de mi mandante, dos procedimientos arbitrales abiertos, uno ganado, y embargo de las cuentas bancarias de PDVSA (de su filial Bariven, para ser más exactos) en Portugal», señala la defensa del investigado en la Audiencia Nacional.
«Frente a ello, la querella reprocha la adquisición de dos viviendas en España (una de ellas constituye el domicilio de mi representado y su familia) y de una finca comprensiva de una explotación agropecuaria que da empleo directo a más de veinte familias, como bien conoce el juzgado. Todo ello, por un monto que apenas supera los veinte millones de euros», exponen los abogados de Rincón. «No hace falta ser imaginativo para apreciar cómo la acción ejercitada por PDVSA —con el aplauso y la inestimable colaboración de la Fiscalía Anticorrupción— encierra una finalidad espuria, solo orientada a presionar a la familia Rincón y contrarrestar las iniciativas procedimentales desplegadas por esta contra la petrolera venezolana desde años antes, con evidente éxito en algún caso».
