Los 27 países de la UE pierden cada año 15.000 millones de euros de ingresos públicos a causa de las falsificaciones, según un informe publicado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.
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Este estudio pone de manifiesto que los daños económicos y sociales provocados por el comercio de falsificaciones privan a los gobiernos de estos multimillonarios ingresos y, al mismo tiempo, pueden servir de apoyo a formas graves de delincuencia, como el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
Los 15.000 millones de euros son producto de la reducción de los impuestos directos e indirectos y de la ausencia de las cotizaciones sociales, que los fabricantes ilegales no pagan.
Esta cantidad se suma a los 19.000 millones de euros que se pierden en ventas en el sector de los cosméticos y el cuidado personal, el sector del vino y las bebidas espirituosas, el farmacéutico y el juguetero debido a la piratería.
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La EUIPO ha recordado que las falsificaciones no se someten a los mismos ensayos rigurosos que los productos auténticos para garantizar que son seguros para el consumo o el uso de las personas.
La pérdida de ventas en el sector de los productos cosméticos y el cuidado personal, en particular, ha aumentado en más de 2.500 millones de euros desde que la EUIPO publicó el último análisis en 2019, lo que constituye el mayor incremento entre los sectores estudiados.
Aproximadamente, el 14,1 por ciento de las ventas de productos cosméticos y de cuidado personal (9.600 millones de euros) se pierde anualmente en el conjunto de la UE debido a la presencia de productos falsificados, una cifra que en España alcanza el 18,5 por ciento, lo que equivale a 1.150 millones de euros de pérdidas (un incremento de 309 millones).
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En el ámbito internacional, la investigación de la EUIPO y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pone de manifiesto que el 1,1 por ciento de todos los productos falsificados incautados por las aduanas vulnera los derechos de propiedad intelectual de empresas establecidas en España.
El análisis de la EUIPO indica que los productos falsificados peligrosos podían suponer un grave riesgo para los consumidores ya que se da la circunstancia de que la mayor parte de los productos en cuestión iban destinados a niños y eran juguetes, artículos de puericultura o ropa infantil.