En la quebrada Mapaurí el agua es turbia, y en la ondulada Mürümpa que pasaba por Manak-Krü, en el que las mujeres lavaban la ropa y se bañaban, la quebrada se hizo hilo y se volvió un charco. Todas son huellas del efecto de la minería en el sector oriental y los alrededores del Parque Nacional Canaima, mejor conocido como la Gran Sabana, las extensas planicies al sur de Venezuela sobre las cuales se levanta la cadena de tepuyes que hacen de este paisaje uno de los territorios más megadiversos en la formación geológica más antigua de la Tierra. Así lo reseña un reportaje de Correo del Caroní y el Centro Pulitzer, en alianza con Prodavinci e Infoamazonia.
Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, cuenta cómo la extensa sabana se ha ido transformando en la última década en una zona de excavación minera frente a la corrupción del Estado y a una inédita emergencia humanitaria en Venezuela.
Todas las operaciones mineras que se observan en las riberas de los ríos Yuruaní, Aponwao y Kukenán están atentando de forma irremediable contra los recursos biológicos de la nación. La investigación, desarrollada en un periodo de seis meses, analiza las causas estructurales que explican por qué el turismo fue desplazado y cómo la omisión del Ejecutivo ha colaborado para que el pueblo pemón participe en la actividad extractivista.
Un análisis detallado, hecho en colaboración con expertos en sensores remotos para esta investigación, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera adicionales a los 33 detectados por la ONG SOSOrinoco en 2018. Las imágenes satelitales del sensor Sentinel permiten concluir que, solo en el sector oriental, hay 515 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.
Junto a la afectación en el sector occidental —donde está el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo—, los daños suman 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.
Aunque esta zona no forma parte del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, la actividad crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro.
El trabajo se divide en seis secciones y cuenta con un mapa con información satelital y la localización de todos los sectores mineros en el Parque Nacional Canaima, además de fotografías exclusivas y visitas de campo a zonas mineras que no habían sido documentadas anteriormente, y en las que la actividad se ejecuta con conocimiento de las autoridades indígenas.
