La organización Alianza for Progress inició una campaña de recogida de firmas en apoyo de una petición al Comité de Ética del Senado para pedir que se investigue si el senador Marco Rubio tiene algo que ver con un polémico contrato de un excongresista republicano con PDVSA.
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Alianza for Progress, una organización que agrupa a puertorriqueños e hispanos en general en Florida, publicó un anuncio en las redes sociales en el que plantea la pregunta de por qué el régimen de Nicolás Maduro firmó un contrato por 50 millones de dólares con David Rivera, a quien identifica como un «amigo íntimo y ex compañero de cuarto» de Rubio.
Del vínculo del excongresista por Florida David Rivera con la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) se supo a mediados de mayo debido a que una subsidiaria de la petrolera le demandó en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por incumplimiento de contrato.
Según la demanda, Rivera se comprometió en 2017 a prestar a la compañía «servicios de consultoría estratégicos» por valor de 50 millones de dólares con el fin de mejorar la reputación de PDVSA entre los legisladores estadounidenses.
«No creemos que es coincidencia que Rivera sea cercano a Rubio, el nuevo director del comité de inteligencia del Senado, y que haya recibido este contrato lucrativo», dijo Marcos Vilar, director ejecutivo de Alianza for Progress.
«Donde hay humo, hay fuego», agregó en un comunicado.
Los anuncios publicados hacen un llamado a los ciudadanos para que firmen una petición que exhorta al Comité de Ética del Senado de EEUU a realizar una investigación inmediata sobre este «sombrío» contrato.
Consultada por EFE, Cristina Robinson, portavoz de Alianza for Progress, dijo que cuando hayan recabado 500 firmas enviarán la petición al Comité de Ética del Senado.
La petición señala que recientemente se descubrió que «el dictador venezolano Nicolás Maduro acordó darle al republicano de Florida un contrato de asesoría de 50 millones de dólares«.
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«David Rivera tiene lazos estrechos con el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, que además dirige el Subcomité de Asuntos Latinoamericanos. Parecería que es por su relación con Rubio por lo que obtuvo ese lucrativo contrato».
Alianza for Progress destaca que «los dirigentes de Florida no deberían hacer tratos con el corrupto régimen de Maduro» y pide «respuestas» al Comité de Ética.
La noticia de que Rivera, de origen cubano como Rubio, firmó un contrato con PDVSA llamó inmediatamente la atención ya que era conocido por su postura y declaraciones contrarias a los Gobiernos de Cuba y Venezuela.
Rivera reaccionó diciendo que lo hizo para ayudar a la oposición venezolana, pero según una investigación del diario Miami Herald presuntamente compró varias propiedades en Florida después de la firma del contrato.
Según alega en su demanda la subsidiaria de PDVSA, le pagaron 15 millones de dólares a la consultora de Rivera, Interamerican Consulting, y a cambio recibieron sólo dos informes que sumaban cinco páginas en total.
Esa empresa, dice el documento judicial, «no llevó a cabo ningún servicio de relevancia bajo el acuerdo, y desde luego no desarrolló el nivel de servicios que razonablemente podrían esperarse de unas tasas aproximadas de 17 millones de dólares al mes».
Dirigentes demócratas de Florida han acusado al Partido Republicano de «hipocresía» en su postura hacia Cuba y Venezuela a raíz del caso de Rivera.
«Si yo fuera Marco Rubio estaría pidiendo una investigación inmediata, dijo el representante estatal de Florida Javier Fernández.
«Creo que es absolutamente esencial debido a la magnitud del contrato. La cantidad de dinero por un trabajo de tan corta duración es exorbitante y amerita una investigación», subrayó.
En unas declaraciones al diario Miami Herald cuando se presentó la demanda contra él, Rivera afirmó que el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad sabían de su contrato con la subsidiaria de PDVSA y que en realidad se trataba de una estratagema para ayudar a la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
En 2012 Rivera perdió su puesto en la Cámara de Representantes al ser derrotado por el demócrata Joe García, y en 2014 se retiró de las primarias para volver a ser el candidato republicano del Distrito 26 de Florida.
Por entonces, Rivera era investigado por el FBI y la Policía de Miami-Dade por la supuesta financiación secreta de la campaña de Justin Lamar Sternad en 2012 como candidato demócrata para enfrentar y debilitar a Joe García.
