La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para los venezolanos comunes, que han luchado para cubrir las necesidades básicas, como vivienda y alimentos. Así lo reseña un reportaje de Maibort Petit para Venezuela Política.
El dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Belisario Gorrín, está acusado en más de tres diferentes casos criminales que cursan en los tribunales federales de Estados Unidos, según se confirma en una nota de acción relacionada que fue enviada por la fiscal estadounidense, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el fiscal asistente, Michael B. Nalder, a la corte del Distrito Sur del estado de la Florida. En el oficio se hace referencia que Gorrín —quien fue calificado como prófugo de la justicia norteamericana— está vinculado a los siguientes casos 17-CR-20883 y 18-cr-80054, que estuvieron a cargo de la jueza Robin Lee Rosenberg.
Los fiscales basan la solicitud en base a la regla 3.8 de la ley del estado de la Florida que establece las normas para la transferencia de acciones penales con similares procedimientos.
La regla señala que los abogados de las partes deben notificar, según se describe en la Sección 2.15.00 de los Procedimientos Operativos Internos del Tribunal, cuando existen acciones o procedimientos similares pendientes ante otro tribunal o agencia administrativa del gobierno. Dicha notificación se entregará presentando ante el Tribunal y entregando una «Notificación de Acciones pendientes, archivadas, relacionadas o similares», que contiene una lista y una descripción de las mismas suficiente para su identificación.
Algunos de los casos criminales de Raúl Gorrín
– En el primer caso es acusado de 10 cargos por lavado de dinero
Una parte de la amplia actividad criminal de Raúl Gorrín fue descrita por el gobierno de Estados Unidos en el expediente de acusación 18-CR-80160 —presentado el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida—con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero más otros nueve cargos relacionados con delitos de lavado de dinero internacional.
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El caso de Raúl Gorrín fue asignado al juez federal de distrito William P. Dimitrouleas del distrito sur de Florida.
La acusación formal alega que Raúl Gorrín, supuesto ‘empresario’ venezolano que se hizo millonario durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano.
Además de transferir dinero a/y para los funcionarios, Raúl Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda, dicen los documentos federales.
Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas.
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La acusación formal acusa a Raúl Gorrín de conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar los fondos malversados del gobierno en el sur de Florida y Nueva York durante la última década.
Inicialmente, la investigación estadounidense contra Gorrín se centró en Alejandro Andrade, el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade cuyo expediente criminal esel número 9:17-CR-80242.
Los fiscales federales sostienen que Gorrín estuvo directamente vinculado con el esquema criminal de Alejandro Andrade Cedeño, ex residente de Wellington, Florida y ex tesorero nacional venezolano, quien se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante la juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Andrade asumió la culpabilidad del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y actualmente se encuentra pagando condena en una cárcel ubicada en el centro de la Florida.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Alejandro Andrade admitió que recibió más de 1 mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros co-conspiradores (cuyos nombres aún no han sido revelados por la justicia de Estados Unidos), a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.
– El caso de Gabriel Arturo Jiménez (Expediente 9:18-CR-80054)
El nombre de Raúl Gorrín aparece asociado en la acusación contra Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex-reside de Chicago, Illinois, expropietario del banco Banco Peravia, quien se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el juez Rosenberg por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrín y otros para adquirir Banco Peravia, a través del cual ayudó a lavar dinero del soborno y los ingresos del plan.
El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos, según reveló el diario estadounidense El Nuevo Herald.
– El caso de los 1200 millones de dólares de PDVSA
Aunado a la acusación contra Gorrín en los casos relacionados con Alejandro Andrade y Gabriel Arturo Jiménez, el dueño de Globovisión aparece vinculado a otro caso de robo de dinero del estado venezolano, que cursa en el tribunal del sur de la Florida. En esa demanda criminal, que refiere un esquema de lavado de dinero internacional de 1.2 mil millones de dólares fue presentado en julio de 2018 y en el cual aparecen nueve acusados, incluidos algunos hombres cercanos a Nicolás Maduro, quienes serían responsables de malversar grandes sumas de dinero de la compañía petrolera nacional Petróleos de Venezuela y lavarlo a través de intercambios de divisas para aumentar las ganancias.
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Los fiscales dicen que los conspiradores invirtieron millones en fondos mal obtenidos en el mercado inmobiliario del sur de la Florida, incluidos los condominios de lujo.
La demanda criminal señala que a lo largo de dos años, un sujeto aunque no identificado, registró una serie de grabaciones con un micrófono escondido en las reuniones con los supuestos involucrados en la operación de corrupción, lavado y malversación de más de 1.200 millones de dólares pertenecientes a PDVSA.
El documento de la corte dice que la trama se inició en diciembre de 2014 con un plan inicial de blanquear 600 millones de dólares, pero luego el monto se duplicó a 1.200 millones de dólares.
En este caso están acusados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y otros sujetos cuyos nombres aún no han sido revelados formalmente en el expediente, entre ellos el de Raúl Gorrín.
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Dice la acusación que Ortega había expresado a los involucrados en el caso su inquietud ante una posible investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos. Inclusive, en los papeles federales se destaca que en un encuentro que tuvo lugar el 22 de octubre de 2016, el acusado advirtió a los presentes que algún día se sabría sobre los movimientos de dinero que estaban haciendo de manera ilegal.
Las investigaciones revelan que el ex director de Finanzas de PDVSA habría obtenido 5 millones de dólares como resultado de su participación en la trama de corrupción acusada.
Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Sólo puede movilizarse para acudir a citas médicas y audiencias en la corte.
En este caso también se declaró culpable el ex banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull, acusado junto a otros en la operación de blanquear capitales y quien se declaró culpable, negoció con las autoridades federales y fue sentenciado a 10 años de cárcel.
Krull sería uno de los banqueros personales de Gorrín, Matthias según fuentes citadas por el Nuevo Herald.
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Gorrín, propietario de la red Globovisión en Caracas, no ha sido acusado en ese caso. Se sospecha que dirigió 600 millones de dólares de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, a un banco europeo para enriquecerse, los tres hijastros del presidente Maduro y otros miembros de la élite políticamente conectada de Venezuela, según los registros judiciales y múltiples fuentes familiarizadas con La investigación federal en Miami. Los hijastros de Maduro y el propio presidente también están bajo investigación en ese caso.
