La directora de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas (Trinidad y Tobago), Alana Wheeler, anunció que investigaciones sugieren que el país caribeño tiene un gran apetito por los servicios sexuales en relación con otras islas y naciones de la región. Así lo reseña un reportaje del Newsday TT.
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La unidad desmanteló recientemente una gran red de tráfico de menores desde Venezuela a Trinidad, revelando un círculo de corrupción que incriminó a funcionarios policiales que iban desde el agente hasta el inspector.
El comisario Gary Griffith explicó que un grupo de 75 oficiales estaba siendo monitoreado por actividad corrupta, sin embargo, no hay evidencia suficiente para que los oficiales sean removidos de sus cargos.
En enero de 2019, un oficial de la Reserva Especial se enfrentó a cargos de violación, agresión sexual grave y falso encarcelamiento de una mujer venezolana. Ese caso es solo un indicador de la normalización del abuso criminal y la explotación de mujeres y menores en Trinidad y Tobago.
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Wheeler informó que la mayoría de las víctimas de la trata de personas en este país son objeto de explotación sexual en un 85 por ciento, en comparación con un promedio mundial del 59 por ciento.
Para julio de 2019, la Unidad de Protección Infantil había presentado 247 cargos e hizo 97 arrestos para ese año, advirtiendo a los padres, tutores y cuidadores que ejerzan más precaución en el cuidado de sus responsabilidades.
La semana pasada, el comisionado de policía amplió esa respuesta, anunciando una nueva Unidad de Delitos Sexuales dentro del servicio, prometiendo «unidades de élite que tienen personas altamente capacitadas que entienden la sensibilidad, la confidencialidad y cómo tratar con las víctimas y cómo perseguir al perpetrador».
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La nueva unidad trabajará en conjunto con los recursos y capacidades de la Unidad de Protección Infantil y la Unidad de Violencia de Género (GBVU) existentes. La nueva unidad, dirigida temporalmente por la Supt Claire Guy-Alleyne, jefa de la GBVU, tendrá el mandato de investigar la agresión sexual contra víctimas adultas.
Estas mejoras de investigación están siendo igualadas por leyes renovadas diseñadas para endurecer las consecuencias de los delitos sexuales.