Los secuestros de un ganadero, tres jóvenes que iban a repartir mercados, dos trabajadores de una empresa petrolera y otras dos personas, así como la desaparición de tres hermanos, ocurridos en los dos últimos meses, hacen parte del resurgir de unos delitos que parecían haber quedado en el olvido en los departamentos de la frontera con el vecino país. Así lo reseña El Tiempo.
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A los secuestros y desapariciones se suman el asesinato de dos soldados, de una líder social, los bloqueos viales, atentados, actividades de minería ilegal y el cobro de extorsiones en acciones atribuidas por las autoridades a las disidencias de las FARC y al ElN.
Desde el río Bojabá, en límites de Arauca con Boyacá, hasta la piedra del Cocuy, frente al departamento de Guainía, en la esquina que separa al país (Colombia) con Brasil y Venezuela, son 1.400 kilómetros lineales de una porosa frontera colombo-venezolana que recorre de norte a sur los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía.
Los secuestros de los dos últimos meses comenzaron a las 9:00 de la mañana del 25 de abril con el ganadero Jaime Rueda Guarín, en la vereda La Macolla de Orocué, Casanare. Rueda, de más de 80 años, es oriundo del Atlántico y es muy reconocido entre las directivas de las agremiaciones ganaderas, pero no se sabe nada de su paradero.
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El mismo día que desapareció Rueda, secuestaron a José Fernando Gómez Daza, Marcela Romero y Alexandra Martínez, de 35, 25 y 24 años, respectivamente, cuando salieron de Yopal hacia el norte de Casanare a distribuir mercados a familias vulnerables en un automóvil Kia de color negro.
Los secuestraron en Hato Corozal cuatro hombres fuertemente armados, que los encadenaron y les vendaron sus rostros para atravesar los montes y las trochas del departamento de Arauca, hasta llevarlos al campamento del frente décimo de las disidencias de las FARC, en Venezuela.
Alexandra, tras ser liberada, el pasado miércoles 29 de mayo, relató que Ferley González, jefe financiero de ese frente guerrillero, le dijo que después de haberla investigado a ella y a su familia la dejaban en libertad; su amiga Marcela continúa en poder de ese grupo armado, mientras que Jorge Fernando, a quien le dice el ingeniero Fernando, lo habrían ejecutado por supuestamente tener deudas de dinero y por haber entregado a las autoridades a miembros de ese grupo.
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Tras estos secuestros, la Gobernación de Casanare está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del ganadero Rueda Guarín y de Marcela Romero.
A estos secuestros se une la desaparición de los hermanos Fanny, Robert Leonardo y William Cárdenas, de 53, 52 y 57 años, desde el 26 de mayo cuando se movilizaban entre Hato Corozal (Casanare) y Arauquita (Arauca).
Fanny, que es abogada y reside en Villavicencio, viajó con el propósito de hacer una asesoría jurídica, acompañada de sus hermanos, ornamentadores, en una camioneta Nissan Xtrail Blanca, de placas DZX, 588 modelo 2018, la cual tampoco ha podido ser ubicada. Los tres hermanos al parecer fueron secuestrados por el mismo frente décimo de las disidencias de las FARC, según información que tuvo la familia.
A estos secuestros se sumaron los de los trabajadores de la empresa Boreths Services Ltd. Sucursal Colombia, Pedro León Pérez Rivera y Óscar Javier Rodríguez Olmos, y el de la cabo tercera Nubia Alejandra López, todos a manos del ElN. Pérez y Rodríguez ya fueron liberados, pero Nubia López aún sigue en Cautiverio.
A los secuestros de los dos trabajadores de la contratista empresa Occidental de Colombia, realizados desde el 2 de mayo, se suman el de otras dos personas, que habría ejecutado el ElN en Santander, según denunció el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
A su vez, el pasado domingo hacia la una de la tarde asesinaron a los soldados Jader Antonio Blanco Causil y César Augusto Alcendra Sierra, del Grupo de Caballería Mecanizado #18 del Ejército, en zona urbana de Saravena, Arauca.
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El ataque, según informó el Ejército, provino de sujetos «que simulaban condición de población civil», pues los hombres armados estaban escondidos entre los pobladores del municipio.
Pero ahí no paran las acciones violentas, el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, ciudadanos que se movilizaban en vías nacionales de Arauca fueron sorprendidos por bloqueos, realizados por hombres de grupos al margen de la que ley que atravesaron vehículos de carga e impidieron la movilidad en cinco puntos del departamento, que posteriormente fueron removidos por personal de la Octava División del Ejército.
Más al sur, en la inspección de puerto Nariño, en Cumaribo (Vichada), el pasado 21 de mayo asesinaron a la lideresa por las comunidades indígenas y las juntas de acción comunal, Olga Lucía Hernández, en un asentamiento ubicado en la frontera con Venezuela, aparentemente por el resurgimiento del narcotráfico del que ella venía denunciando, aseguró monseñor Joselito Carreño Quintero, vicario apostólico de Inírida (Guainía).
Y como si fuera poco, frente al departamento de Guainía «estamos en medio de una situación muy complicada como es la minería ilegal en la frontera de Colombia y Venezuela», agregó el prelado.
Hay mínimo diez puntos donde están explotando el oro y entre mil quinientas a dos mil personas, en cada uno, es decir entre quince mil a vente mil personas y la mayoría son colombianos ilegales en Venezuela, de ocho mil a diez mil, dice monseñor Carreño.
Las minas están ubicadas en San Carlos de Rionegro (Venezuela), frente a San Felipe (Colombia) y San Gabriel de Maroa (Venezuela), frente a Puerto Colombia (Colombia), a una hora en avión de carga desde Inírida. Solamente es pasar el río Negro y se está en Colombia o en Venezuela.
