Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado por la organización Human Rights Watch (HRW). Con información de EFE.
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«La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscalía, de Policía, de líderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror», dijo en una rueda de prensa virtual el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Según el informe, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) acorralan a las comunidades con ataques armados en los que asesinaron entre marzo y junio de este año a nueve personas.
Esos grupos también ordenan cuarentenas y toques de queda más estrictos que los decretados por las mismas autoridades, mediante panfletos y restricciones a la circulación de personas, embarcaciones y vehículos.
«Están imponiendo reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil con medidas que incluyen amenazas y ataques con armas de fuego. Asaltan a las comunidades y ejecutan a sangre fía a aquellas personas que no cumplen con las normas que ellos imponen», añadió.
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Por las restricciones decretadas por el Gobierno para controlar la pandemia que deja 159.898 contagios y 5.625 muertos en el país, HRW entrevistó telefónicamente a 55 personas en 13 departamentos colombianos.
Reglas sin excepción
La organización encontró que en 11 de los 32 departamentos del país: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la ley que se impone es la de las balas y los grupos ilegales son implacables.
«Si hay una familia que necesita por cuestiones de emergencia ir a una clínica o asistir a algún familiar y (alguien) es sorprendido en violación del toque de queda impuesto por estos grupos las reglas de juego son que esa persona puede ser asesinada», aseguró Vivanco.
Las bandas amenazan por medio de panfletos que fueron verificados por HRW con la colaboración de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, una situación «supremamente grave» que tiene atemorizados principalmente a los habitantes de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo.
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«En estos cinco departamentos hemos detectado y corroborado que se han registrado asesinatos de personas en distintas comunidades e incluso líderes que han sido asesinados a sangre fría ya sea por no respetar estas normas o porque han denunciado estos abusos», detalló.
Una de las víctimas fue el líder comunitario Edison León Pérez, asesinado el 8 de junio en el Putumayo porque, según la Fiscalía, días antes había denunciado que el grupo La Mafia obligaba a los habitantes del lugar a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona sobre síntomas del coronavirus.
El miedo se impone
Según el informe, estos grupos operan «en impunidad total» y aprovechan el pánico y las condiciones propias de la pandemia para aumentar su control, aterrorizando incluso a autoridades locales.
«La situación que vemos es sumamente delicada. Sabemos que en Colombia la ausencia y la falta del Estado en tantas regiones del país permite el movimiento, la presencia y el actuar de estos grupos irregulares, pero nunca antes habíamos podido registrar un actuar tan abierto y evidente», advirtió Vivanco.
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Los relatos recogidos por HRW están también soportados en la alerta temprana que hace dos meses emitió la Defensoría del pueblo, según la cual los grupos armados ponían en riesgo a la población civil al decretar normas de conducta a partir de la regulación de las actividades comerciales y la libre circulación.
Según Vivanco, esa alerta «no fue debidamente recogida por las autoridades competentes», por lo que pidió al presidente colombiano, Iván Duque, «intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y a agua, así como proteger su salud de los efectos de una pandemia que representa un peligro real y letal para todos».
Afianzar el control y protegerse
Vivanco añadió que los grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a las comunidades con tres objetivos: reafirmar su control, ganar algún tipo de reconocimiento y proteger del coronavirus a sus miembros.
La COVID-19 es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones vulnerables y a su vez esperan que las comunidades los vean no solo como una mafia brutal, sino también como grupos preocupados por la salud de toda la población.
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Además hay un «genuino» temor ante un brote de coronavirus entre las organizaciones criminales porque saben que un contagio crítico exige un tratamiento médico que no existe en muchas zonas del país.
«Un contagio con síntomas graves puede significar una merma grave al interior de las tropas. Hay una preocupación por parte de estos grupos que tiene que ver con su propia sobreviviencia y para evitar un brote de coronavirus imponen estas reglas donde quien paga es la población civil», señaló el director para las Américas de HRW.
Narcotráfico más abandono estatal
Aunque el narcotráfico sigue siendo el principal combustible de los grupos armados, los tentáculos de estas bandas se extienden gracias a los recursos de otras fuentes ilícitas, como la minería criminal, situación que se agrava por la falta de «un Estado real» que a veces circunscribe su presencia «únicamente a la fuerza pública».
«Luchar contra el narcotráfico supone e implica reducir los recursos de estos grupos, pero ellos van a seguir manteniendo su presencia en la medida en que puedan ejercer un control social tan férreo como el que están ejerciendo», agregó.
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Para Vivanco, los esfuerzos contra estos grupos no serán suficientes mientras el problema central de Colombia siga siendo la falta de amparo y protección del Estado a las comunidades y el acceso a los servicios públicos en regiones devastadas por el conflicto.
El riesgo, explicó, también es alto para los desmovilizados de las FARC y su reincorporación social, dada la «debilidad que ha mostrado el Estado para llenar el vacío que ha quedado con la desmovilización».
«Los grupos actúan con un total desenfado, prácticamente en términos abiertos y descarados. (…) Aquí lo que hace falta es una política integral por parte del Estado colombiano para atender eficazmente las necesidades de la población», aseguró Vivanco.
