La FIDH y su organismo miembro en Venezuela, Provea, publican hoy un documento de posición que alerta sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el país por la llegada del covid-19 entre varias otras razones. La situación de Venezuela ha quedado sumamente desatendida e invisibilizada, paradójicamente por la propia pandemia global. El apoyo de la comunidad internacional resulta ahora imprescindible, no solo como mecanismo de superación de la crisis humanitaria sino también política.
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La FIDH y PROVEA consideran, junto con la sociedad civil venezolana, que la grave crisis humanitaria que Venezuela atraviesa y la no garantía de los derechos más esenciales de todos los venezolanos ameritan más y no menos comunicación, transparencia y cooperación internacional para trabajar hacia su alivio y pronta solución. Por ello, hacen un llamado al gobierno para que reconsidere su decisión de expulsar a la Embajadora de la Unión Europea en Venezuela.
La pandemia covid-19 ha llegado a Venezuela en un contexto caracterizado por dos aspectos fundamentales: la existencia de una Emergencia Humanitaria Compleja agravada por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que ha resultado en una migración forzada masiva de sectores vulnerables de la población, y por un gobierno de facto ejerciendo el poder de manera autoritaria, restringiendo libertades y aumentando los controles sociales y la represión.
El documento de posición llama la atención sobre la gravedad de esta crisis, su intensificación por efecto de la pandemia, las medidas de cuarentena implementadas, y cómo estas medidas han sido utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para acentuar el control social y político sobre la población venezolana.
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Las consecuencias de la crisis económica son demoledoras. Escasez de productos básicos, creciente inflación y pérdida del valor adquisitivo de los salarios y otros beneficios socioeconómicos de millones de trabajadores. Actualmente el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de 5 dólares, menos de 20 centavos de dólar diarios, muy por debajo de la línea de pobreza.
En febrero de 2020 el Programa Mundial de Alimentos indicó que más de nueve millones de venezolanos no pueden acceder a los alimentos, aunque estén disponibles en el país, por la hiperinflación. Un 60% de la población ha tenido que recortar las porciones de comida. Una de cada tres personas tiene dificultades para llevar comida a su mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios. Cuatro de cada diez hogares sufren cortes de los servicios de luz y agua. Cuatro de cada diez hogares sufren interrupciones diarias de electricidad y el 72% tiene un suministro irregular de gas.
Sumado a esto ha aumentado la estigmatización, los ataques y la criminalización de defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo, con un patrón de persecución y hostigamiento contra personas críticas al gobierno.
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La desinstitucionalización del Estado venezolano, la corrupción, el endeudamiento y la disminución de los recursos se han traducido en una crisis de servicios públicos sin precedentes en la historia de Venezuela.
Por si fuera poco, las medidas de confinamiento en otros países también han afectado el trabajo y los venezolanos migrantes, por lo que muchas de estas personas emprenden el camino de regreso en una situación de alta vulnerabilidad y constituyen la población con mayor riesgo de contagio de covid-19, mientras que las familias que contaban con las remesas para afrontar sus gastos de vida están viendo disminuir o desaparecer estos ingresos.
Una crisis económica y social de tal amplitud, hay que decirlo claramente, ha podido prolongarse por tantos años dado el carácter autoritario e irresponsable del gobierno de Nicolás Maduro.
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En este complejo contexto, el documento que se publica hoy solicita a la comunidad internacional múltiples a acciones, entre ellas: mantener los esfuerzos diplomáticos para promover una salida negociada, pacífica, democrática y constitucional a la crisis política venezolana, y que la Unión Europea apoye y reactive las gestiones del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para responder en urgencia a los retrocesos que se están dando y que imposibilitan elecciones libres y transparentes.
Asimismo se insta al gobierno de facto, a suministrar para el manejo de la pandemia información técnica, verídica y de manera transparente, producto de un debate con actores científicos y personal de la salud especializado, y que se abstenga de perseguir a dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos que documentan de forma independiente la situación del país.
