El hambre de los venezolanos ha servido a unos pocos para enriquecerse de manera ilícita sin ningún tipo de perturbación. Tras acabar con la producción nacional con una política de expropiaciones y controles, las autoridades han pactado, negociado y canalizado recursos para armar una oferta de productos importados a través de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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Este programa social en realidad es muy poco lo que ha ayudado a mitigar el hambre de las personas más humildes y necesitadas. Pero sin lugar a dudas ha servido para potenciar el control estatal y el enriquecimiento de funcionarios del régimen de Maduro y algunos de sus aliados en otros países como México, Colombia y Turquía, por ejemplo.
Todo importado
Videos y fotos circulan por las redes sociales en los cuales algunos ciudadanos exponen el contenido de las cajas y bolsas CLAP, que el régimen venezolano reparte a precios subsidiados: Harina de maíz Reina Arepa de Brasil; espaguetis Primavera de Turquía; azúcar Hiperclaro de Brasil, y arroz de Guyana Simply Rice, despuntan entre los productos que muestran los beneficiados por el plan social del chavismo. No hay productos nacionales, ni siquiera de las empresas de alimentos que el Estado expropió.
Mantenerse en el poder fue el motivo del nacimiento de este programa en 2016. Fue una arremetida del chavismo para impedir nuevas derrotas electorales como la ocurrida en las parlamentarias de diciembre de 2015. Ha evolucionado a la par de la contracción económica de Venezuela, que este año será mucho más pronunciada debido a factores como el Covid-19.
Aun así, e incluso en medio de la merma abismal de ingresos que experimenta la nación por la disminución de la producción y de las exportaciones petroleras, entre otras causas, las autoridades siguen privilegiando la presencia de productos importados en las cajas CLAP.
Transparencia Venezuela muestra que para la segunda semana de junio, a tres meses del Estado de Alarma decretado en el país por la pandemia de Covid-19, los CLAP repartidos en algunas comunidades del oeste de Maracaibo, estado Zulia, solo contenían azúcar, pasta, arroz y harina precocida contenían azúcar, pasta, arroz y harina de maíz precocida.
En otras parroquias de la ciudad se incluyó aceite, granos o leche. Se trata de un ejemplo de la respuesta oficial que se le da a un país donde casi 80% de sus ciudadanos no tienen forma de cubrir la canasta de alimentos.
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Algunos de los productos recientemente distribuidos forman parte de la “oferta” CLAP al menos desde 2018, según las menciones que hacen quienes reciben las cajas, pero otras “marcas” son de reciente aparición. No hay claridad sobre las operaciones que se hacen actualmente para la llegada de estos productos al país, aunque ha sido larga la historia de pactos, convenios y triangulaciones acordadas por las autoridades a lo largo de estos cuatro años, junto a sus operadores estratégicos, para sostener lo que se conoce como “el negocio de los CLAP”.
Nada claro
De hecho, el empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y en gestiones para su extradición a Estados Unidos, tiene investigaciones abiertas por la red de corrupción tejida junto al régimen de Maduro alrededor de los CLAP. El Departamento del Tesoro calificó a Saab como “un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela”.
Negocio, control y hambre
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) le han servido a Nicolás Maduro para muchos propósitos, convirtiéndose en uno de sus grandes instrumentos políticos y de control social, sin dejar de lado que han dado lugar a múltiples negocios turbios donde unos pocos lograron enriquecerse con el hambre de los venezolanos.
Pero para nada han servido para potenciar la producción nacional de alimentos. Así lo evidencian los pocos rubros que se distribuyen y, en consecuencia, no ha ayudado a reactivar la economía ni a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Algunas estimaciones de Ciudadanía en Acción indican que en enero de 2019 el peso de las cajas CLAP era de 15,5 kilos, pero al cierre de ese año se acercaba a los 10 kilos. Además de tener menos peso, el aporte nutricional se contrajo.
La ONG indica que las cajas CLAP aportaban 27,79% del requerimiento familiar de 2.500 kilocalorías, pero al cierre de 2019 solo proporcionaban el 10%.
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Otros de sus datos señalan que la frecuencia de las entregas pasó de cada 33 a cada 48 días, y el volumen de unidades o cajas repartidas se contrajo de 6 millones a 2,5 millones mensuales.
Pobreza pontenciada
La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) muestra que en 2018 el 88% de los hogares estaban registrados en el programa CLAP y recibieron en alguna oportunidad este beneficio, pero en 2019 la proporción de hogares subió a 92%. Esto pasaba mientras la pobreza se potenciaba en el país.
Sin embargo, Encovi determinó que este programa, así como otras transferencias públicas, solo ha reducido en 1,5% la pobreza extrema.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Venezuela se cuenta entre los países más afectados por el aumento del hambre, un riesgo que se potencia por los efectos del coronavirus a nivel global.
Ya en el primer trimestre del año, antes de la expansión del Covid-19, lanzó su informe de alerta temprana sobre seguridad alimentaria y agricultura, advirtió que Venezuela debía implementar medidas para compensar el déficit de producción de alimentos.
Esas medidas no se han adoptado, al contrario. La política oficial estimula la importación, mientras acorrala y cerca la producción local. Basta recordar que 4 millones de hectáreas fueron objeto de tomas y expropiaciones entre 2004 y 2012, se aplicaron controles de todo tipo y se dejó sin protección al campo, por mencionar algunos factores que han atentado contra el sector.
Emergencia humanitaria
La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela estima que en 2020 las cosechas serán parecidas a las de inicios de los años 70, colocando en mínimos la producción que tan solo podrá atender cerca de 20% de las necesidades de todos los venezolanos.
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El país, que desde 2015 se encuentra en situación de Emergencia Humanitaria Compleja, ha llegado al punto de que diversas organizaciones claman para que se permita el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos de la ONU no solo para atender las urgentes necesidades de la población, sino para ayudar a restablecer las capacidades productivas de la nación.
