Este 13 de julio se cumplen cinco años de la primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que se desarrolló en la Cota 905, ubicada en la parroquia San Juan, Caracas, y dejó 15 víctimas en el primer operativo. Sin orden de allanamiento, los funcionarios usaron indebidamente sus armas y mataron desde ese día, y hasta marzo de 2017, a 505 ciudadanos, según una investigación del Ministerio Público. Por estos homicidios se les abrió expedientes a 1.074 efectivos. Así lo reseña un reportaje de Daisy Galaviz para El Pitazo.
En horas de la madrugada del 13 de julio de 2015, funcionarios de la Guardia Nacional (GN), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresaron con armamento de alto calibre y sus rostros cubiertos con pasamontañas y máscaras de calaveras a la Cota 905, con el fin de detener a Carlos Luis Revete, alias “el Coqui”, el pran de la zona, y también a los miembros de su organización.
Las OLP también se desarrollaron en poblaciones del estado Miranda, como Barlovento y los Valles del Tuy, con la excusa de que habían aumentado los índices de violencia. Estos tres sectores, desde 2013, formaban parte de los 80 municipios que habían sido nombrados como Zonas de Paz por el viceministro de Interior y Justicia, José Vicente Rangel Ávalos (ahora alcalde del municipio Sucre, Miranda). Ese año, Rangel Ávalos se sentó a negociar con 280 bandas en el marco del Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida para impulsar un proceso de desarme y una vida lícita para los delincuentes a cambio del abandono de sus armas y sus zonas libres de policías.
Nicolás Maduro definió estas incursiones policiales y militares en los barrios más pobres del país como un plan para “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”. Un documento del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que obtuvo RunRunes, junto a Connectas, asegura que la OLP fue activada “para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y, con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.
Los 505 homicidios que dejaron dos años de las OLP fueron reportados como enfrentamientos entre civiles contra funcionarios. Los estados donde asesinaron a más hombres fueron Carabobo, con 136 víctimas, y el Área Metropolitana de Caracas, con 126, de acuerdo con cifras oficiales. De las personas muertas, 27 eran adolescentes, y el resto adultos que no pasaban de los 30 años de edad.
Las víctimas fueron “escogidas”
En estos operativos donde participaron funcionarios de la GN, de la PNB, del Sebin y Cicpc, este último cuerpo policial fue el más denunciado de cometer irregularidades. De los 1.074 efectivos a los que se les abrió expediente por estar involucrados en homicidios durante estos procedimientos, 708 formaban parte del Cicpc. Además del delito de homicidio, el Ministerio Público abrió expedientes por denuncias de destrucción de la propiedad y robo de bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial.
El reportaje realizado por Runrunes y Connectas llegó a la conclusión que las víctimas de estos operativos fueron “escogidas”. El texto asegura que funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban. También usaron drones y prostitutas para identificarlos y ubicarlos.
El especialista en Seguridad Ciudadana, Luis Izquiel, define a las OLP como “operativos improvisados con poco o ningún fundamento en la inteligencia policial previa, con la intención de capturar a los cabecillas de las bandas delictivas locales que, en su mayoría, terminaron escapando”.
Izquiel menciona el caso de Carlos Luis Revete, alias “el Coqui”, quien, según, fue el objetivo de la primera OLP, pero que no capturaron ese día y quien sigue dirigiendo una megabanda criminal en el mismo sector. Según el también abogado, las OLP no fueron efectivas para detener a los cabecillas de las principales pandillas delictivas del país, pero sí dejaron una estela de violaciones de derechos humanos.
Luego de las numerosas denuncias en contra de las OLP, el 22 de junio de 2018 se pronunció Zeid Ra’ad Al Hussein, quien se desempeñaba para el momento como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un informe, Al Haussein dijo que los testimonios de las víctimas recolectados por su oficina cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos. “Un conjunto de elementos parece indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia”.
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein en su informe.
Las Faes son la nueva Operación de Liberación del Pueblo
Luis Izquiel detalla que las denuncias de ONG locales y de organismos internacionales hicieron que la administración de Maduro dejara a un lado esta política de seguridad, pero su dinámica se mantuvo, solo que con un nuevo cuerpo: las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que, según el especialista en el área de seguridad, “resultaron iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, afirma que cuando Nicolás Maduro llegó al poder hubo un cambio regresivo en materia de políticas de seguridad ciudadana. “Las OLP se transformaron en lo que hoy conocemos como las Fuerzas de Acciones Especiales, cuya labor no se centra en disminuir los índices de criminalidad, sino que se convirtieron en un mecanismo de control social y territorial en un tiempo donde hay profundo malestar ciudadano, por el aumento de la pobreza y de la emergencia humanitaria compleja”.
Según Uzcátegui, Maduro aprobó las OLP y aprueba el modo de operar de las Faes para generar temor en la sociedad y así evitar que ocurran protestas en las zonas populares que, según el gobernante, son “sus bases de apoyo”. En 2019, según Monitor de Víctimas en 2019, se registraron 317 ajusticiamientos, de los cuales este cuerpo élite está involucrado en 232.
Pese a peticiones de ONG y de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el pasado 5 de julio también recomendó su disolución, las Faes siguen operando y siguen siendo blanco de denuncias de cometer ejecuciones extrajudiciales.
